Luis Felipe Colmenárez | LA PRENSA de Lara.- Luego de que el fiscal general de la República, Tarek William Saab anunciara que se introdujo un documento con el que se pide declarar a Voluntad Popular como una «organización criminal», dirigentes y partidos políticos salieron en defensa de la tolda opositora.
Julio Borges, el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, aseguró que el oficialismo solo busca desviar la atención de la crisis que se vive en el país y esconder a los «verdaderos terroristas».
La diputada Delsa Solorzano tildó las acusaciones de «irresponsables y temerarias» pues a su juicio levantar la voz contra la administración de Nicolás Maduro no es un delito.
Asimismo, Miguel Pizarro, comisionado presidencial ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU) expresó su solidaridad tanto para el partido como para la militancia, asegurando que «ni el amedrentamiento, ni las amenazas» impedirán la lucha que han venido librando.
En ese sentido, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, expresó que la medida debe ser un incentivo para mantenerse apegados a la propuesta que han venido presentando desde enero de 2019, la cual plantea la «liberación» del país.
«AD rechaza pretensión del régimen usurpador chavomadurista mediante decisiones írritas de su bufete declarar como organizacion terrorista al partido opositor democrático Voluntad Popular. Sainete para ‘justificar’ persecución y apresamiento de sus militantes» escribió por su parte el también parlamentario Henry Ramos Allup.
Primero Justicia fue uno de los partidos en salir a defensa de VP, rechazando la pretensión de «criminalizar» al partido.
«Quienes luchamos por la libertad y la democracia en Venezuela no somos terroristas, terroristas son quienes hoy usurpando el poder han sometido a los venezolanos a vivir en un país sin comida, sin servicios públicos, sin gasolina, sin gas y sin ningún tipo de libertades individuales» se lee en la cuenta de Twitter del partido aurinegro.
En tal sentido, alertaron que con esto se pone en peligro el derecho a disentir y ejercer política en el país.
Tarek William Saab indicó que el recurso se introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con el objetivo de determinar si el partido político es una «organización terrorista» y si es susceptible de sanciones por tal motivo.& ;
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