Autoridades destacaron la búsqueda de estas medidas para un sistema integro y protector.
Redacción | LA PRENSA DE LARA. -& ;En un esfuerzo conjunto, diversas autoridades vinculadas al sistema judicial de Venezuela acordaron el pasado jueves trazar una ruta de acción para abordar el problema del retardo procesal, una preocupación que, según organizaciones no gubernamentales, impacta a un gran número de individuos privados de su libertad en el país.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Interior y Justicia, se informó sobre una reunión en la que representantes de dicho ministerio, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría Pública y la cartera de Asuntos Penitenciarios se comprometieron a tomar medidas concretas para acelerar los procesos judiciales, aunque no se detallaron las acciones específicas.
El fiscal general, Tarek William Saab, destacó la importancia de estas medidas en la búsqueda de establecer un sistema judicial íntegro y protector de los derechos humanos.
Por su parte, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, hizo hincapié en la relevancia de estos encuentros para dar respuestas a la población y superar los desafíos actuales.
Hasta el momento, no se han revelado pormenores de las discusiones, dejando en incógnita los puntos acordados, las metas propuestas y los plazos definidos dentro de esta hoja de ruta.
En julio de 2023, Saab anunció la implementación de un plan orientado a reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales, catalogadas como centros de detención preventiva.
En ese contexto, la Fiscalía, el Ejecutivo y el TSJ se comprometieron a transformar dichos centros en entornos pacíficos, permitiendo la celebración de audiencias de juicio en estos lugares para combatir el retraso procesal que prolonga la detención de miles de individuos durante años, en contraposición al límite inicial de 48 horas de detención.
Según la ONG «Una Ventana a la Libertad», para finales de 2023 había un total de 17.481 hombres detenidos en estos centros de reclusión preventiva, superando considerablemente la capacidad de 9.234 plazas disponibles.