Agencia | LA PRENSA de Lara .- Representantes de Bachelet ya no están en Venezuela. Según el portal Infobae Los dos funcionarios dejados en Venezuela por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Onu Michelle Bachelet se habrían ido del país, al parecer Carlos de la Torre y Sara Nuero Escobar, empezaron a recibir muchas presiones porque familiares de los detenidos les exigían respuesta y actuación.
La muerte atroz del capitán de corbeta Acosta Arévalo se convertía en la prueba más fehaciente de que se tortura en Venezuela. Se sabía que eso sucedía, lo habían dicho muchas víctimas, otras nunca podrán decirlo y algunos sencillamente se fueron del país, pero esta vez no hubo cómo ocultarlo, no podía usarse la excusa del suicidio como con Fernando Albán, El Aviador o el sargento segundo Luis Armando Monsalve Estaba, o por enfermedad o causas naturales.
Desde todos los rincones del país y el mundo se oyeron gritos de indignación. El temor se apoderó de muchos familiares de los detenidos en Dgcim y Sebin, quienes acudían ante los funcionarios de Bachelet en busca de respuestas, que no tenían más que la promesa del Gobierno.
Cuando se hizo público el lapidario Informe de la Alta Comisionada, la situación de la comisión pasó a ser de ignorada a señalada. Ya era vox populi que sobre De La Torre y Nuero Escobar corrían la amenaza de ser expulsados del país.
No ha explicado Michelle Bachelet que pasó con su comisión en Venezuela, por qué ya no están en el país con la excusa absurda de que uno salió de vacaciones y otro por asuntos personales, cómo es lo que han manifestado a quienes han insistido en pedirles acciones ante la violación de los derechos humanos en los centros de torturas.
Si tenían vacaciones programadas, ¿cómo es que Bachelet deja a dos funcionarios que se irían a las semanas?
Se desconoce si hay alguna estrategia por parte de la Alta Comisionada que pase por no reconocer la inútil tarea de la comisión que dejó en el país, no por falta de trabajo y talento de los dos técnicos, sino por la presión y los obstáculos por parte del Gobierno y especialmente de los cuerpos de seguridad.
En la oficina de Bachelet en Venezuela ya no están los que representan a la Alta Comisionada.
Complicaciones
Nada fácil ha sido para Michelle Bachelet el caso venezolano. Atacada con dureza por los sectores que polarizan en el país. Por una parte, chavistas gubernamentales la señalaron de mentir en el informe; por otra, opositores la culparon de blandengue y comunista. Pero la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no se ha dejado arrastrar por las críticas e instaló una comisión de dos técnicos para que continúen el trabajo de su oficina.
«Me iré de Caracas esta noche, pero se quedará una presencia de mi oficina en el país por primera vez», anunció la noche del viernes 21 de junio antes de abordar el avión, luego de tres días de estar en Venezuela.
Así se quedaron en el país los oficiales Carlos de la Torre y Sara Nuero Escobar, que trabajarían principalmente en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas.
Precavida, Bachelet dijo que el Gobierno de Maduro aceptó que su equipo ingrese y tenga «acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad».
Pero aún la Alta Comisionada no se había subido al avión cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estaban deteniendo y torturando a un grupo de militares, entre quienes se encontraba el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien días después fue llevado al Tribunal Militar, fuertemente golpeado, suplicando auxilio y muriendo pocas horas después.
No sólo es que no hubo una explicación seria por parte del Gobierno ni una investigación con la que el Ministerio Público realmente buscara hacer justicia, sino que en la Dgcim se burlaron de los funcionarios que dejó Bachelet y jamás les permitieron acceso a los tenebrosos sótanos.
Fueron varias las peticiones que hizo la Comisión para que el Gobierno cumpliera la promesa que Nicolás Maduro le hiciera a Bachelet del «acceso pleno a los centros de detención» y reiteraron varias veces el interés que tenían en entrevistarse con militares como el capitán de Navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga y el comandante del Ejército Igbert Marín Chaparro. Una y otra vez, la respuesta fue la misma: «Estamos esperando autorización».
Esos dos oficiales están en la lista de varios militares y civiles a quienes no les han permitido ver a sus familiares. En el caso de Marín Chaparro no se sabe nada desde hace tres meses y una semana. No hay respuesta alguna aún cuando su esposa, hijos, padres y abogados han pedido fe de vida.
En el caso de los oficiales De La Sotta y Ruperto Molina, así como del civil Carlos Marrón, tampoco les permiten visitas desde hace más de un mes. Pero hay otros que permanecen en los sótanos incomunicados desde hace más de un año.