Considerado un acto de vandalización, los grafitis están sancionados por la legislación venezolana, específicamente en el artículo 479 del Código Penal Venezolano, estableciendo penas administrativas que van desde las 25 Unidades Tributarias (UT) hasta las 200 UT.
«El que fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, deturpe o manche una cosa ajena, de alguna manera, sea mueble o inmueble, será penado, por acusación de la parte agraviada con multa de veinticinco unidades tributarias (25 UT) a doscientas unidades tributarias (200 UT)», reza el artículo.
El abogado penalista, Jorge Silva, sostiene que los grafitis se convirtieron en la demarcación de una zona por bandas o pandillas, así como de enamorados que dedicaban mensajes a sus parejas; sin embargo, sostiene que en la actualidad con poca recurrencia se lleva a cabo este delito.
«Fue una época en que las paredes de casas y muros de distintos puntos de la ciudad se vieron marcados de estos grafitis, unos de figuras desproporcionadas otros con mensajes subliminales, pero la función era la misma, emitir un mensaje para las personas», señaló Silva, quien agregó que la legislación actual debe ser revisada para reconsiderar la penalización, ya que la norma vigente establece sólo sanciones administrativas.
Grafitis comparten un mensaje
La prevalencia del llamado «arte urbano» se gestó en zonas populares o barriadas de la ciudad, extendiéndose hacia el centro de Barquisimeto. Según un estudio levantado por la facultad de humanidades de la Universidad Católica Andrés Bello, los grafitis en Venezuela tuvieron su relevancia desde la década de los 80 extendiéndose hasta la primera parte del año 2000.
«Los grafitis marcaron gran parte de las ciudades del país, fue un mecanismo de comunicación que más allá del embellecimiento de cualquier lugar buscaban infundir miedo o incertidumbre», concluye parte del estudio.
Para la abogada, Eusibel Álvarez, los grafitis que se hacen en nuestros días responden, en su mayoría, a causas políticas y que de igual manera es una forma de delito contra el patrimonio.
Falta de autorización
Álvarez sostiene que los grafitis, a diferencia de los murales, son realizados sin ninguna autorización del propietario del muro o pared, ni mucho menos de la municipalidad.
«Se debe tener la distinción entre hacer murales y atentar contra los espacios de las ciudades en Venezuela. Para una persona elaborar un mural debe cumplir una serie de requisitos y además que el objetivo de la obra sea el embellecimiento urbanístico y la creación de conciencia», afirmó la abogada.
Ambos especialistas en leyes afirmaron que las sanciones deben contener penalizaciones que lleven al infractor a pagar una condena en prisión, ya que la multa máxima no supera los 40 dólares (la UT está a Bs. 43, por 200 UT, da Bs. 8.600, que a dólar BCV sería cerca de $38).
El costumbrista, Iván Brito, expuso que, a diferencia del arte urbano, aquella persona que sólo hace grafitis para dañar carece de sentido de pertenencia y de valores ciudadanos, y más cuando se han registrado casos que los grafitis los usan para dañar alguna obra, tal como sucedió hace un año con las obras del maestro Armando Villalón, de la avenida 20.