José Miguel Najul | LA PRENSA.- A pesar de que la declaratoria de “abandono del cargo” pueda no tener efectos prácticos inmediatos en la dinámica política nacional, como reconoció Henry Ramos Allup durante su discurso el lunes en la Asamblea Nacional, la medida sí vulnera al Gobierno en un contexto que el chavismo considera de vital importancia: la escena internacional.
El politólogo Marcos Moreno explica que con esta estrategia la MUD “está diciéndole al resto de los países que a partir de este momento cualquier acto que ejecute Nicolás Maduro es nulo y por lo tanto, no sería reconocido por una nueva administración”. “En este caso vemos que, con una visión estratégica aceptable,la oposición apunta hacia escenarios con variables que el Gobierno no puede controlar y que, precisamente por ello, le generan pánico tanto los altos funcionarios del Estado, en especial al propio Presidente”, explica Moreno, especialista en marketing político.
Grandes proyectos como la explotación del llamado “Arco Minero” a través del cual el Gobierno rojo pretende obtener una fuente considerable de divisas podría verse severamente afectado luego de esta decisión. “No hay nada más cobarde que el capital y eso es un hecho. Prácticamente nadie asumiría altísimos niveles de riesgo al invertir junto a un Gobierno que está siendo desconocido abiertamente por un poder que, además, fue electo por la voluntad popular y representa la última medición fiable de los deseos de la sociedad venezolana”, considera el especialista.
Á nivel nacional existe otro escenario. No sólo por el hecho de que, como dice la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), “todos los poderes se han confabulado en contra de la Asamblea Nacional para proteger al chavismo”, sino también porque hay un margen bastante elástico a la hora de hacer una interpretación sobre el texto constitucional, que deja cabida a algunas ambigüedades.
El abogado José Ignacio Hernández explica que, si bien la Asamblea Nacional (AN) tiene la potestad constitucional de declarar el abandono del cargo, sus efectos nacionales tendrán un menor impacto, ya que necesita de la colaboración de otros poderes, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia. En primer lugar, destaca que una vez declarado el abandono del cargo del Presidente, el CNE debería convocar, de manera casi inmediata, a unas elecciones para elegir a un nuevo representante en el cargo en un plazo de 30 días.
De acuerdo a la Ley de Publicaciones Oficiales, la medida debe ser difundida a través de una Gaceta Oficial, ya que
“sólo a partir de ese momento es que la declaratoria de abandono del cargo produciría las dos consecuencias ya señaladas, a saber, la falta absoluta y la convocatoria de elecciones”.
Además, que la condición de desacato en la que estaba la AN cese dependerá de la interpretación de la Sala Constitucional, que ha tomado cuatro decenas de decisiones contra del parlamento.