Con la llegada al poder de Hugo Chávez en el año 1998, la promesa fundamental fue la construcción de un nuevo modelo político nacional, basado en el ejercicio protagónico y participativo del pueblo venezolano en los asuntos públicos, junto con la idea de abolir el sistema democrático representativo existente. En este empeño se animó una serie de cambios estructurales de fondo sobre todo el sistema político: la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, que permitiría la Constitución de 1999, sería la máxima expresión de este proceso, acompañado de un nuevo lenguaje y de peculiares formas de acción con las que se expresaban ese deseo de refundar la república.
Esto derivó en una transformación real de todo el sistema: la llamada Revolución bolivariana, que fue sentando las bases propositivas que pregonaban no solo una modificación en el modelo político, sino profundizar la transformación e impulsar un cambio en la estructura de la organización social, como en los sistemas de producción de bienes y servicios, porque la conquista del poder debía precipitar la génesis de una nueva nación y del hombre nuevo que profesaba el pensamiento marxista.
Alcanzar este objetivo exigía la desconfiguración de las estructuras y relaciones de poder existentes, a fin de dar paso a nuevos espacios para la toma de decisiones sobre lo público, con el propósito de lograr la destrucción final de los espacios donde las llamadas clases dominantes (dirigentes de los partidos políticos, empresarios, medios de comunicación, clero, entre otras) dedicaban sus intereses y aspiraciones para determinar el presente y futuro del país.
Es así como en las últimas dos décadas se ha estado configurando e impulsando una nueva división político territorial del país y un nuevo marco para la división horizontal del poder mediante la idea de la construcción del denominado Estado comunal. Los primeros esfuerzos se dieron en el campo del cooperativismo, luego se plasmaron más claramente en el primer plan económico y social de la nación (2001-2007) con los llamados cinco equilibrios, así como en el concepto de la nueva geometría del poder, presentado en el Proyecto de Reforma Constitucional y rechazado en referéndum consultivo en el año 2007, donde se establecía la figura de «la ciudad como unidad político primaria de la organización territorial y las comunas como una forma de agregación comunitaria político territorial» (Hugo and Chávez 1999).
Como consecuencia de esta ruta emprendida, se han debilitado las estructuras formales presentes en la Constitución, como lo son las gobernaciones y alcaldías junto con sus organismos legislativos. Las limitaciones al acceso de recursos de inversión, distintos al situado constitucional; la reversión de competencias locales a los organismos centrales; la ruptura de los canales naturales de coordinación entre los actores locales y la creación de la figura de los llamados protectores regionales o municipales, son una muestra clara de la intención de dinamitar la fortaleza de estos espacios de representación, cuya elección se da por medio de mecanismos democráticos. Ello, sin añadir los efectos de la crisis económica, la hiperinflación, devaluación de la moneda y el proceso de dolarización, que han dejado a estos espacios de poderes locales y regionales en una minusvalía evidente para hacer gestión.
Esta situación coloca la institucionalidad del país a la deriva, lo que afecta su desempeño y legitimidad, ya que debilita las redes de interacción entre los actores sociales al proponer un caos de representación y distribución de competencias que afecta las posibilidades de construir salidas a la crisis.
Escrito por: Ángel Medina, Primero Justicia& ;