El Gobierno de Colombia formalizó una nueva declaración de estado de emergencia económica con el objetivo de gestionar la crisis humanitaria y de infraestructura provocada por un frente frío en la región Caribe.
La medida, oficializada la noche del miércoles, tendrá una vigencia de 30 días y abarca los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Este mecanismo jurídico otorga a la presidencia la facultad de emitir decretos con fuerza de ley y establecer tributos sin requerir la aprobación previa del Congreso.
Impacto humano y dimensiones del desastre
Los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reflejan un saldo crítico de la temporada de lluvias, con al menos 18 fallecidos y más de 69,000 familias damnificadas.
Carlos Carrillo, director de la entidad, describió el fenómeno como un evento «sin precedentes» que ha generado afectaciones atípicas por fuertes vientos, oleaje elevado e inundaciones masivas. Las autoridades subrayan que el impacto se extiende a centenares de miles de hectáreas en toda la costa norte del país.
Desde el Ministerio de Hacienda se estima que las labores de reconstrucción y asistencia requerirán una inversión de 8 billones de pesos (cerca de 2,187 millones de dólares). Carrillo advirtió que el Estado carece de la capacidad financiera inmediata para enfrentar este reto debido a la actual «estrechez fiscal».
Esta es la segunda vez en menos de tres meses que la administración del presidente Gustavo Petro recurre a esta figura constitucional. La primera declaratoria, emitida en diciembre para el funcionamiento estatal, se encuentra actualmente suspendida por la Corte Constitucional bajo revisión. Aunque el Ejecutivo solicitó inicialmente levantar dicha suspensión para atender la contingencia climática, finalmente optó por emitir este nuevo decreto específico para los ocho departamentos afectados por el frente frío.
Consecuencias en el sector productivo de Colombia
El sector agropecuario reporta daños severos, con cerca de 30,000 hectáreas de tierras productivas bajo el agua en Córdoba, Sucre y Antioquia. En zonas urbanas y rurales de Córdoba, miles de ciudadanos han perdido enseres, ganado y cultivos.
Ante este panorama, el gremio ganadero, representado por José Félix Lafaurie, ha manifestado su respaldo a la emergencia económica, señalando que vastas extensiones de terreno han quedado en una situación de total improductividad.