Luis Felipe Colmenárez | LA PRENSA de Lara.- El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció a través de un comunicado que tanto en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, y en la Comunidad Penitenciaria de Fénix Lara se encuentran padeciendo la escasez del servicio de agua potable, motivo por el cual familiares de los reclusos denunciaron que han tenido que pagar a cisternas en dólares a cambio del vital líquido.
Según relata la ONG, los reclusos que deseen al menos un tobo de agua deben cancelar 100 mil bolívares a través de pago móvil. Mientras que las cisternas adquiridas por los privados tienen un valor de entre 40 y 50 billetes americanos.
Comentan que son los mismos reos los encargados de administrar el líquido pues este es usado para su consumo, aseo personal y lavar ropa, además subrayan que la entrada de cisternas no es muy frecuenta ya que no todos cuentan con la posibilidad de pagar por el servicio que debería ser garantizado por el Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Pago a cambio de alimentos
Entre otros de los puntos que aborda el comunicado se encuentra el pago por comida que realizan algunos reclusos, y es que según destacan diariamente reciben una panqueca como desayuno o cena, mientras que de almuerzo les ofrecen arroz sin ningún tipo de acompañamiento.
Supuestamente, los funcionarios que trabajan con el economato le ofrecen a los presidiarios un tobo con comida que puede alcanzar para 25 personas, este tiene un costo de entre Bs. 1.500.000 y Bs. 1.800.000. De igual forma existe la posibilidad de pagar Bs. 300 mil por una tasa con arroz con cerdo u pollo, o también pasta con granos.
De igual manera, comentan que presuntamente los presos deben realizar el pago de una «causa» de Bs. 200 mil& ;a cambio de no ser confinados en un galpón, lugar donde no cuentan con acceso a baños y en ocasiones no reciben alimentos.
Familiares afirman que han presentado denuncias ante autoridades pero estas han sido ignoradas.
Por su parte, la directora del OVP, Carolina Girón, exhortó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a investigar tales acusaciones.
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