Agencias | LA PRENSA DE LARA.- En octubre de 2021, el Ministerio del Interior de Venezuela emitió una declaración sobre una operación antinarcóticos en el estado Zulia; parecía una nota ordinaria pero tuvo implicaciones extraordinarias: el ejército había destruido ocho laboratorios de cocaína, y en la operación los militares incautaron casi media tonelada de coca y cerca de diez toneladas de pasta de coca. Además, erradicaron 32 hectáreas de cultivos de coca y destruyeron más de 300.000 plantas, así lo reseñó la fundación& ;InSight Crime& ;
En la región del Catatumbo, en Colombia, que se encuentra al lado de la frontera con Zulia, 32 hectáreas no son más que un cultivo de coca de tamaño mediano. Pero está lejos de ser toda la coca que existe en Venezuela. Según investigaciones que lleva a cabo la fundación, existen cantidades significativas de coca en al menos tres municipios de Zulia, y dos más al sur, en el estado Apure. Estas evidencias han sido verificadas y corroboradas por múltiples fuentes confiables.
Además, fuentes en las diferentes zonas, agencias internacionales y los propios informes del gobierno venezolano muestran que los laboratorios de cristalización utilizados para convertir la pasta de coca en clorhidrato de cocaína han estado proliferando en las mismas áreas.
Todas estas plantaciones y laboratorios están ubicados en territorios dominados por grupos guerrilleros colombianos, que durante generaciones han acumulado experiencia en la siembra y la comercialización de la coca y mantienen estrechos vínculos con elementos del Estado venezolano. Y en contraste con la operación realizada en Zulia, al parecer la mayor parte opera libremente.
Hasta ahora, la producción de cocaína en Venezuela es incipiente, y representa solo una gota en el océano en comparación con los niveles históricos que se han registrado en Colombia en los últimos años. Pero la región fronteriza del país, pobre, aislada, abandonada por el Estado y dominada por grupos armados, representa una placa de Petri perfecta para su extensión. Y en un país ahogado en una crisis económica y devastado por la criminalidad, esa es una apuesta peligrosa.
El Catatumbo y Zulia: contagio criminal
La región del Catatumbo, en el noroeste de Colombia, y el estado Zulia, en el noreste de Venezuela, han sido colegas criminales durante mucho tiempo.
La frontera entre los dos países en dicha región está delimitada por la Serranía del Perijá, una remota cordillera que ofrece excelentes condiciones climáticas para el cultivo de coca, así como la geografía ideal para ocultar los cultivos y los laboratorios, mientras los grupos armados los protegen, y así evitar que sean descubiertos por las autoridades.
Históricamente, los colombianos y venezolanos en ambos lados de la Serranía del Perijá han desempeñado papeles complementarios en esta economía.
En el lado colombiano, grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han utilizado sus vínculos con las comunidades campesinas locales para fomentar el cultivo de coca. Actualmente, la ex-FARC Mafia, las disidencias de las FARC que no reconocen el acuerdo de paz de 2016, mantienen su participación en narcotráfico.
En el lado venezolano, el acceso de Zulia al Caribe a través del Lago de Maracaibo, así como numerosas pistas de aterrizaje clandestinas, han convertido al estado en un punto de despacho clave para los cargamentos de drogas hacia Centroamérica y el Caribe.
Esta economía criminal binacional se ve facilitada por una frontera porosa que permite que tanto los bienes ilegales como las personas se muevan con libertad entre los dos países. Mientras que la cocaína colombiana fluye hacia Venezuela para su exportación, la mano de obra venezolana se mueve en la otra dirección para trabajar en los campos de coca de Colombia.
Estos trabajadores migrantes son una característica tan evidente de la vida en la región fronteriza que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los reconocen por la condición de sus manos, según un residente local que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.
«Los recolectores de coca siempre tienen las manos maltratadas; el color de su piel cambia», dice. «[Los agentes de la GNB] saben a qué personas escoger en el otro lado y no las detienen, pero cuando regresan, les cobran una extorsión».
Estos trabajadores migrantes traen a Venezuela no solo los ingresos que tanto necesitan, sino también el conocimiento de la producción de cocaína. En Jesús María Semprún, municipio fronterizo de Zulia, InSight Crime habló con uno de estos cocaleros que se encontraba visitando a su familia. Bajo condición de anonimato, describió cómo había encontrado trabajo en una finca cocalera administrada por el ELN en Colombia y cómo trabajó duro para ascender en la jerarquía.
«Allí vi cuánto dinero se podía ganar y entonces me involucré más, viendo cómo hacían la pasta [de coca]», cuenta. «Un químico encargado de la pasta puede ganar 100.000 pesos [unos US$25] en un buen día«.
Finalmente, invirtió el dinero y las habilidades que había obtenido para comenzar su pequeña finca cocalera, y con un socio adquirió seis hectáreas de coca en el Catatumbo. Cuenta que más de dos docenas de personas de su ciudad natal siguieron un camino similar para convertirse en cultivadores de coca en Colombia, lavando el dinero que ganaban de las ventas de coca mediante negocios en Zulia.
La mano de obra migrante no es la única contribución de Venezuela a la producción de cocaína en Colombia.
«Los productos químicos son muy fáciles de conseguir en Venezuela», dijo a InSight Crime un político de la oposición en Zulia, que prefirió no ser identificado por razones de seguridad. «Y se destinan directamente a la producción de cocaína».
Tanto el político como el cocalero, así como otros residentes de la región fronteriza, dicen que estos precursores químicos se mueven libremente por Zulia y a través de la frontera, con la complicidad o incluso la asistencia activa de los militares venezolanos. Esta dinámica quedó en evidencia en 2019, cuando el general Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, quien entonces era comandante de las fuerzas del ejército en Zulia, fue detenido por delitos de narcotráfico, entre ellos por autorizar el tráfico de precursores químicos.
La facilidad para adquirir estos precursores, junto con el auge en la producción de coca en el Catatumbo colombiano, ha provocado una rápida proliferación de laboratorios de cocaína en suelo venezolano. En noviembre de 2021, el gobierno venezolano destruyó 60 laboratorios. El año anterior, el gobierno reportó la destrucción de 79, la gran mayoría en el estado de Zulia.
En este contexto, la propagación de los cultivos de coca en Zulia era quizá solo cuestión de tiempo.
La coca ha ido acercándose a Zulia desde hace algún tiempo. En el estado se registraron bajos índices de cultivo de coca desde la década de los noventa, y el mapeo de la producción de coca colombiana realizado en 2020 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) muestra que uno de los enclaves de coca más productivos del Catatumbo corre a lo largo de la frontera con Jesús María Semprún.
Aunque el operativo de octubre de 2021 fue la primera gran erradicación de coca en épocas recientes, no fue el último: las autoridades venezolanas erradicaron otras 31 hectáreas en dos operativos más en febrero de 2022, también en Zulia.
En entrevistas realizadas por InSight Crime durante 2021, más de ocho fuentes, entre ellas residentes de la zona, ganaderos, periodistas e investigadores, confirmaron que los cultivos de coca están echando raíces en los municipios zulianos de Jesús María Semprún, Catatumbo y Machiques de Perijá. Se desconoce la magnitud de las plantaciones, dado que están ubicadas en áreas remotas y a menudo custodiadas por hombres armados.
Las fuentes sostienen que, en muchos casos, estos cultivos están controlados por guerrilleros del ELN que adquieren tierras aptas para la producción de coca, bien sea comprándolas o extorsionando a los agricultores de la región. Desde la desmovilización de las FARC en 2017, el ELN ha llegado a dominar el cultivo de coca en el Catatumbo colombiano, al tiempo que consolida su presencia en Zulia, donde al parecer operan con una impunidad casi total.
«Aquí domina el ELN; ellos son los que controlan toda el área desde Río Bravo hasta Río Abajo«, dijo a InSight Crime un residente del municipio del Catatumbo, que no quiso que su identidad fuera revelada. «Han estado comprando hectáreas a los propietarios de fincas para el cultivo [de coca]».
«Si uno tiene una finca que ellos quieren comprar, hay que vendérsela quiera o no, porque van a sembrar coca», agrega otro vecino de la zona, quien también pidió el anonimato por razones de seguridad.
En algunas zonas, la guerrilla incluso ha desplazado por la fuerza a los terratenientes, como afirman dos ganaderos de la zona que hablaron con InSight Crime de manera anónima por temor a represalias.
«Hay grupos de guerrilleros que están ocupando tierras junto con indígenas o residentes locales, que luego son utilizados para trabajos forzados», dice uno de los ganaderos. «Cuentan con el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado».
En algunos casos, afirma el otro ganadero, las fuerzas de seguridad han acusado a los terratenientes de narcotráfico para obligarlos a abandonar sus tierras: «Incluso ha habido casos», sostiene, «en los que han puesto partes de aviones o cosas por el estilo en una finca, para acusar y extorsionar al terrateniente».
Apure, el epicentro guerrillero de Venezuela
Al sur de Zulia, el estado de Apure, en los llanos occidentales de Venezuela, no parece un candidato apto para el cultivo de coca. En comparación con las montañas tropicales de Zulia, los pastizales llanos de Apure no son adecuados para el cultivo.
Por otro lado, sin embargo, Apure comparte muchas de las características criminales de Zulia. Ubicado en la frontera con el departamento colombiano de Arauca —un histórico bastión de la guerrilla—, sus sabanas poco pobladas han servido durante décadas como refugio de las guerrillas de las FARC y el ELN y punto de partida de los narcovuelos hacia Centroamérica.
Según Mildred Camero, expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) de Venezuela, ocasionalmente se han encontrado pequeñas plantaciones de coca en el estado, al menos desde comienzos de la década de 2000. Y ahora, al igual que en Zulia, hay señales de una aceleración de la producción de cocaína en la región.
Un líder social del municipio de Rómulo Gallegos, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, explica que el cultivo de coca en Apure comenzó de manera tentativa, con estudios de suelo y pruebas en pequeñas parcelas para identificar las variedades de coca más adecuadas para la geografía y el clima de la región. Aunque la coca generalmente crece mejor a altitudes de 1.000 a 1.200 metros, en los últimos años los productores de drogas han desarrollado cepas más versátiles que abren posibilidades para el cultivo de coca en regiones que antes eran consideradas inviables.
En Apure, estas pruebas al parecer han arrojado resultados. Hoy en día, se encuentran plantaciones de coca dispersas en los municipios de Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, particularmente a lo largo de las orillas de los ríos Capanaparo, Cinaruco y Riecito, según residentes locales, líderes políticos e investigadores.
«Están sembrando mucho; siembran un poco por allá, encuentran un buen punto y siembran dos hectáreas por aquí, otra hectárea por allá, media hectárea más abajo», dice uno de los políticos. «Donde pueden cultivar 50 [hectáreas], las cultivan; donde pueden cultivar 20, las cultivan».
Las fuentes no pudieron dar detalles sobre el tamaño de las plantaciones, dado que están fuertemente custodiadas por guerrilleros, en su mayoría miembros de grupos disidentes de las FARC, y suelen estar ocultas detrás de otros cultivos.
«Frente a los cultivos [de coca] sembraron dos o tres hectáreas de plátano o yuca para ocultar la plantación«, afirma el líder social de Rómulo Gallegos.
«La zona donde tienen los cultivos es impenetrable; tienen un estrecho anillo de seguridad por todas partes», agrega el líder social. «Nadie puede entrar con un teléfono, una cámara o un reloj. Si vas allí, te desnudan, y si la organización no te aprueba, no te dejan entrar».
Muchas de las plantaciones están ubicadas en regiones indígenas, donde los guerrilleros explotan a las comunidades locales para conseguir mano de obra barata o incluso forzada.
«Las FARC utilizan a los campesinos o a los grupos indígenas para preparar el suelo, sembrar y cosechar los cultivos», dijo a InSight Crime un habitante de Apure, exintegrante del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien no quiso que su identidad fuera revelada. «La mejor mano de obra barata son los indígenas. Les pagan cuando les da la gana; cuando no quieren pagarles, los amenazan».
Al igual que en Zulia, hay evidencia de que la expansión del cultivo de coca en Apure está siendo facilitada por grupos guerrilleros que utilizan testaferros para comprarles tierras a agricultores de la zona empobrecidos y amenazan a quienes se niegan a vendérselas. Un miembro de la asociación de ganaderos de Apure le dijo a InSight Crime que estas compras forzadas se están llevando a cabo con el conocimiento y la complicidad de las autoridades estatales, lo que él denomina «la colonización de los campos de Apure».
En la medida en que han proliferado los cultivos de coca en Apure, también se han multiplicado los laboratorios de cocaína. Solo en los primeros 4 meses de 2022, las autoridades reportaron la destrucción de 17 laboratorios.
«Han estado instalando laboratorios en Apure desde 2014, pero con más empeño desde 2016», afirma el exintegrante del PSUV.
«Trajeron del Putumayo, departamento cerca de la frontera [de Colombia] con Ecuador, a unos hombres a los que llamaron ‘los químicos’«, agrega. «Estos les daban clases a los jóvenes sobre cómo preparar la cocaína».
La fuente afirma que reclutaron entre 20 y 25 jóvenes de la región para enseñarles el proceso, y les ofrecieron un pago en efectivo de US$5.000 a cada uno. Mildred Camero corroboró este dato, afirmando que había recibido información similar de jóvenes reclutados para aprender los procesos de cristalización de cocaína en laboratorios venezolanos, muchos de los cuales ahora operan con un alto grado de sofisticación.
Venezuela, ¿el siguiente productor de cocaína en América Latina?
Aún no está claro en qué medida la producción de cocaína ha echado raíces en Venezuela. Si bien InSight Crime solo tiene evidencia sustancial de plantaciones en dos estados, hay rumores en torno a la producción en toda la región fronteriza con Colombia, e incluso más allá.
En el estado Amazonas, ubicado en el extremo suroccidental en límites con Colombia y Brasil, un representante indígena, que no quiso ser identificado por razones de seguridad, le dijo a InSight Crime que se han visto cultivos de coca en los municipios de Autana y Maroa, así como laboratorios de cristalización en Autana.
«Los cultivos [de coca] comenzaron a aparecer hace unos tres años», dijo durante una entrevista en 2020. «Se siembran en áreas desprotegidas que no tienen títulos legales. [Los grupos guerrilleros] reclutan indígenas para sembrar, cosechar y cuidar la tierra».
La geografía y el clima del estado hacen que dicha afirmación sea verosímil, pero, debido a la remota ubicación del estado, InSight Crime no ha podido verificar las afirmaciones.
Camero, la exzar antidrogas, declaró que en sus años de experiencia ha registrado cultivos de coca en Amazonas y en el estado fronterizo de Táchira, e incluso ocasionalmente en estados centrales como Guárico. También ha recibido informes de pequeñas instalaciones de procesamiento de cocaína en los estados de Guárico, Falcón, Bolívar y Monagas, aunque no está claro si se trata de laboratorios de cristalización, o simplemente de sitios donde se preparan drogas procesadas para la venta al por menor.
Pero independientemente de la magnitud actual, el riesgo sigue siendo alto: una vez que la producción de cocaína se arraiga en un país, es muy difícil dar marcha atrás.
Como demuestra la experiencia de Colombia, los cultivos de coca ofrecen ingresos irresistibles tanto para grupos criminales como para agricultores arruinados, y una vez que la práctica está firmemente establecida, los intentos de erradicarla fomentan conflictos, resentimiento y mayores lazos entre los grupos armados y las comunidades rurales.
Actualmente, la producción de cocaína en Venezuela está siendo impulsada por los mismos grupos expertos en capitalizar estas dinámicas para promover la producción de cocaína en Colombia. Y estos grupos guerrilleros tienen una poderosa motivación para actuar a través de la frontera: la oportunidad de controlar cadenas de suministro autónomas donde pueden cultivar coca, procesar cocaína y despachar vuelos internacionales de drogas, todo dentro de un área donde pueden operar con una virtual impunidad gracias a sus vínculos con elementos corruptos del Estado.
Dado que Venezuela se ha venido hundiendo cada vez más en la ruina económica y el caos criminal, ofrece un terreno fértil para el arraigo de dichas dinámicas. A esta volátil mezcla se suma un gobierno con problemas de liquidez y aislado por la comunidad internacional, y que por mucho tiempo se ha mostrado dispuesto a tolerar o incluso facilitar el tráfico de drogas.
Y si bien la mayor parte de la producción de cocaína en Venezuela hasta ahora no parece más que un retoño de las operaciones colombianas, el país también alberga una gran cantidad de actores criminales locales que, como parece estar sucediendo en Zulia, pueden tratar de apoderarse de esta naciente economía.
«[Los venezolanos] tienen más capacidad que antes», dijo Camero, cuando se le preguntó sobre los factores que impulsan la escalada de la producción de cocaína en Venezuela. «Han adquirido conocimientos; tienen sus propios contactos. Saben dónde están las rutas y pueden operar de manera independiente, sin depender de los colombianos».
Si estos procesos continúan sin control, la transición de Venezuela de país de tránsito a país productor de cocaína podría apenas estar comenzando.
Fuente: InSight Crime& ;