Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- De 165 privados de libertad de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Lara sólo 16 salieron a las calles, pues el resto regresó a sus calabozos. El lunes, durante una jornada de atención a los privados de libertad por las autoridades de la Comisión Especial para la Revolución del Sistema Judicial de la Asamblea Nacional (AN), verificaron los expedientes y sólo excarcelaron al 9,7 por ciento de la población penitenciaria.
Tras la jornada, LA PRENSA pudo conocer que la comisión otorgó ocho medidas cautelares sustitutivas a la privacidad judicial y 8 arrestos domiciliarios. Sin embargo, quedaron 14 expedientes por revisar y darles respuesta a los detenidos.
«Es la segunda vez que hacen la revolución judicial en Lara y esta vez los diputados están escuchando a los familiares de los privados de libertad, ojalá y sí hagan acciones correctivas, por ejemplo, en el caso de los policías que maltratan a nuestros hijos y que cobran hasta por una visita, en Pata ‘e Palo se ve mucho la corrupción de un policía que ya ha sido denunciado», sostuvo uno de los familiares de reo de la PNB y que no quiso identificarse por temor a que a su hijo le hagan algún daño.
Desde hace dos semanas, la comisión encabezada por diputados de la Asamblea Nacional del estado Lara ha estado visitando los calabozos de las comisarías de la PNB, Cicpc, GNB y policías regionales y municipales para atender los casos de los privados de libertad que presentan retardo procesal.
La ONG Una Ventana a la Libertad detalló que la comisión ha logrado la excarcelación de al menos 40 privados de libertad, especificó que en la primera jornada en Polilara fueron 17 personas que quedaron en libertad bajo alguna medida cautelar.
La comisión que estaba encabezada por diputados de la Asamblea Nacional y del Consejo Legislativo de Lara, además de integrantes de la Defensa Pública, Ministerio Público y Tribunal Supremo de Justicia han atendido a más de 300 reclusos de los Centros de Detención Preventiva (CDP), con el objetivo de acelerar los procesos que en la mayoría de los casos tienen meses, incluso años esperando por alguna decisión judicial, lo que sería un retardo procesal.