Las universidades públicas en Venezuela tienen definida su hoja de ruta en cuanto a la lucha institucional se refiere. Aunque ciertamente la decadencia estructural es evidente, las casas de estudio de nivel superior han centralizado su demanda en tres puntos específicos: mejora de salarios, defensa de la autonomía y presupuesto justo.
Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades (OBU), menciona que el 98% de estas demandas provienen de las universidades que no son controladas por el gobierno venezolano y mantienen cierta autonomía política.
El directivo menciona que las denuncias varían, dependiendo de los actores que la protagonizan. Los gremios y sindicatos, por ejemplo, han concentrado la mayoría de sus manifestaciones en la reivindicación de salarios. Las autoridades, por su parte, han dirigido su denuncia en la defensa de la autonomía para poder realizar elecciones dentro de las universidades. El otro foco de las manifestaciones es la exigencia de un presupuesto justo.
«Desde hace 10 años nuestras universidades están trabajando con un 3 o 5% del presupuesto. Eso hace que la mayoría de denuncias se concentren en estas vertientes. En julio de 2025, por ejemplo, fue emblemática la denuncia que hizo la UCV cuando se plantó y defendió ese 20% de presupuesto que ingresan por otros métodos».
Entre la asfixia presupuestaria y la defensa de derecho
Otra de las denuncias que hacen las universidades en la actualidad está directamente relacionada con el acoso que hay hacia algunos actores estudiantiles por parte de cuerpos de seguridad, por exigir la liberación de presos políticos.
En esta línea, desde OBU explican que en 2025 se documentó un aumento del 79% en cuanto a denuncias relacionadas con detenciones y desaparición de estudiantes universitarios.
«Las universidades autónomas o las semiautónomas que mantienen sus autoridades electas, han mostrado una fuerte demanda por la autonomía y por la defensa de los derechos políticos», dice.
Aunque la mayoría de denuncias realizadas por las universidades provienen de casas de estudio autónomas, Meléndez comenta que hay un 2% de universidades controladas por el gobierno venezolano que han ido levantando la voz de forma progresiva. En esta línea, en la Universidad Simón Bolívar han ido apareciendo destellos de reivindicación de derechos.
«La Simón Bolívar es una universidad controlada por el gobierno porque se le impuso autoridades que no fueron elegidas y dentro del gremio, profesoral y estudiantil, hemos visto que han incrementado las denuncias para que se respete el proceso y que se hagan elecciones. En la Simón Rodríguez, también hemos visto a estudiantes reclamando por espacios», dijo.
Radiografía de las universidades y el control institucional
Hay que recordar que el sistema de educación superior en Venezuela está conformado por 173 instituciones, pero esta cifra no es del todo precisa. En 2021, cuando se publicó el último informe oficial sobre matrículas universitarias, el gobierno venezolano dijo que eran 185 las instituciones de educación superior que operan en el país.
Estos centros de educación son de tipologías distintas. En general, son 94 universidades, pero también hay otro grupo de institutos y colegios universitarios. En relación a universidades públicas son 68 en total y 26 son universidades privadas.
Otra particularidad que se presenta en esta situación es que, del universo de universidades públicas, ocho de cada 10 están siendo controladas por autoridades impuestas. De acuerdo con los datos que aporta OBU, esto significa que sólo el 14% de las universidades públicas son autónomas.
«Esto lo que quiere decir es que el gobierno tiene una forma de definir el sistema y al mismo tiempo nos permite definir a otro grupo de instituciones públicas que son minoritarias, pero tienen autoridades electas en un proceso democrático. La última fue la UCV», comenta Meléndez.
La realidad que viven las universidades públicas en el país es tan preocupante que el pasado 02 de febrero, decanos de tres universidades de derecho en el país fueron hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para denunciar la congelación de los salarios desde 2023.
Este representó el último capítulo de una lucha que persiste en las calles, ya que a pesar de las adversidades y crisis estructurales con las que lidian las casas de estudio, muchas de ellas siguen apostando por la formación de profesionales en el país.