Agatha Reyes | LA PRENSA DE LARA.- Más de 944 violaciones a la libertad de expresión fueron registradas durante el año 2020. La información la dio a conocer Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, durante una rueda de prensa en la leyó un comunicado donde el CNP precisa que las principales amenazas que han recibido los profesionales de la comunicación son por difundir informaciones sobre el colapso de los servicios públicos y protestas ciudadanas.
En el documento indicaron que en el 2020 se dieron más de 122 detenciones arbitrarias, en su mayoría de periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos, además se han cerrado en Venezuela (desde el año 2004 hasta el 2019) 165 emisoras de radio, 18 canales de televisión y 42 periódicos, de acuerdo al registro detallado de la ONG Espacio Público.
Además detallaron que a la fecha al menos 9 periodistas han sido víctimas de persecución, amenazas, enjuiciamiento, detención, incomunicación, y sometimiento a medidas cautelares, sin haber cometido delitos, por lo que han sido criminalizados e inhabilitados. Entre ellos se encuentran Darwinson Rojas, Ana Belén Tovar, Arnaldo Sumoza, Elides Rojas, Marco Antoima, Mimi Arreza, Carol Romero, Eduardo Galindo Peña, y Roland Carreño, quien tiene más de 2 meses encarcelado.
La junta directiva del CNP denunció:
1. Las reiteradas violaciones de derechos humanos fundamentales que han sido víctimas en Venezuela, periodistas, reporteros, trabajadores de la prensa e infociudadanos, al debido proceso, la libertad de prensa, libertad de información, que guarda relación directa con el ejercicio de la libertad de expresión, sin fronteras, amparados especialmente por el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, y especialmente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por sus artículos 23, 49, 57, 58 y 337, cuyas garantías no pueden ser restringidas en estados de excepción, bajo ningún motivo.
2. Exige el cumplimiento efectivo de protocolos y expresa recomendaciones tanto de la OEA, en sus diferentes organismos, contenidos en informes extensos y detallados como de la ONU, en materia del debido proceso, presunción de inocencia, libertad de expresión, libertad de prensa y, libertad de información.
3. Demanda el cese inmediato de la escalada represiva, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, amenazas, congelamientos de cuentas sin debido proceso, a través de instrumentos de tendencia totalitaria incorrectamente llamados leyes Antiodio y Antibloqueo, por parte de organismos policiales, militares, fiscales y poder judicial, contra periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos, bajo un colapso de servicios públicos, en pandemia, que deliberadamente se tergiversan bajo hegemonía comunicacional, para silenciar el derecho de las comunidades a estar debidamente informados, sin censura, simultáneo a la inexistente rendición de cuentas, corrupción e impunidad.
4. El saldo negativo descrito configura un patrón sistemático aplicado de forma masiva en Venezuela, en detrimento de la libertad de expresión, que viola expresamente la Constitución Nacional, tratados internacionales, el Código Penal, leyes especiales, además del Código Orgánico Procesal Penal, en materia del debido proceso, contra comunidades o poblaciones desamparadas, en donde los periodistas, camarógrafos, reporteros, trabajadores de la prensa e infociudadanos son objetivos políticos, señalados, perseguidos, hostigados, para ser víctimas de hechos violentos.