Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La Reforma Parcial de la Ley del Estatuto de la Transición, aprobada en segunda discusión el lunes 3 de diciembre por la Asamblea Nacional 2015, da continuidad por 12 meses a Juan Guaidó de seguir ejerciendo la presidencia interina de Venezuela y la del parlamento, por gozar del reconocimiento internacional para defender los activos de la nación y presionar para elecciones presidenciales democráticas.
De acuerdo con parlamentarios y juristas, el documento aclara que debe haber separación de poderes entre el legislativo y ejecutivo, se elimina el Consejo Político del Interinato que era coordinado por el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y se suprimen la mayoría de las justas ad hoc que existían, por representar gastos excesivos. El diputado, Alfonso Marquina, de Primero Justicia, manifestó que a partir de ahora exigirán una rendición de cuentas mensual a Guaidó, al procurador de la República en el exilio y a los embajadores y representantes diplomáticos del gobierno interino, con el propósito de lograr mayor transparencia ante los señalamientos de corrupción.
«La preservación de Guaidó como presidente es un objetivo estratégico, esto impide que el régimen tenga reconocimiento internacional y acceso al financiamiento. Lamentablemente, desde Primero Justicia pensamos que ese objetivo se había distorsionado, se había detraído de los efectos que teníamos que seguir haciendo para lograr cambios políticos, más bien estaba generando una burocracia excesiva y estaba dependiendo de ejercer funciones de gobierno sin tener control territorial, es por esto que nos lleva por un lado a reducir esa burocracia, a reducir estas distorsiones, a definir claramente las funciones del parlamento», opinó Marquina.
Antes la rendición de cuentas no era solicitada mensualmente. «Ahora tendrán que rendir cuentas periódicamente sobre el estado de todos los litigios y juicios en los que está participando el gobierno interino, con la intención de salvaguardar los activos en el extranjero que habían sido hipotecados o entregados por el régimen y que estaban en tema de juicio porque podrían ser perdidos», enfatizó.
Inicio con buen pie
Para la expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, el definir la separación de poderes entre el gobierno encargado y la Asamblea Nacional 2015 es un comienzo positivo.
«El estatuto está diciendo: mire señor Guaidó, sea presidente de la República, usted es el presidente de la República, en consecuencia tenga su estructura y todo lo que la Constitución dice. La Asamblea Nacional (AN) lo debo controlar por ley y se deben complementar sólo en la tarea de acabar con la usurpación y promover elecciones libres y justas de presidente y del parlamento. Yo creo que eso es la liberación como presidente encargado que ha estado restringido en sus funciones por la propia AN, incluso desde el primer estatuto. La población nunca sintió que Guaidó ejerciera una presidencia interina», expresó.
Marquina, también indicó que a partir de ahora los cargos de representantes diplomáticos serán escogidos por el Parlamento 2015. «Se creó el artículo 16 que establece una diferencia muy clara, existen los jefes de misiones o embajadores, cargos que nombrará el presidente interino. Tenemos 5 embajadores reconocidos internacionalmente, pero hay países que a pesar que reconocen al gobierno interino o a la AN, no han querido acreditar a nuestros embajadores, por eso se creó la figura de representantes internacionales que ahora escogerá el parlamento», puntualizó.
Guaidó, ahora sin camisa de fuerza
Según el diputado, Macario González, las acciones que había ejercido Guaidó como presidente interino se «perdían» por las decisiones legislativas.
El presidente Guaidó intentó la reestructuración de Monómeros por acuerdo de la Comisión de Contraloría y no lo pudo hacer porque la materia quedó en suspenso, ya que en la plenaria de la AN no pudo ejecutar lo que se le solicitó. Ahora el presidente puede adelantar de manera directa la defensa de los activos de la República en el exterior en una relación armónica, pero cada quien en lo suyo», expresó.
El parlamentario, Guillermo Palacios, indicó que la primera modificación hecha al Estatuto de la Transición aprobada el 27 de diciembre y propuesta por Primero Justicia fue muy cuestionada. «La propuesta abordada en primera discusión contenía elementos que invadían competencias del Poder Ejecutivo. Lo que se hizo fue regresar a los principios constitucionales», expresó.