- En un comunicado la Academia de Ciencias indicó que que lo necesario es adoptar medidas que permitan recuperar las condiciones mínimas de funcionamiento de las casas de estudio superior y no una nueva Ley de Educación Universitaria
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN) emitió un comunicado en el que considera que el proceso de discusión para formular una nueva Ley de Educación Universitaria, aprobado recientemente por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), no constituye una prioridad urgente en el momento actual.
En el documento firmado por la presidenta Alicia Ponte-Sucre y la secretaria académica María Soledad Tapia, señalan que las universidades venezolanas atraviesan una crisis profunda tras décadas de insuficiencia de recursos. Esta situación incluye remuneraciones irrisorias para el personal universitario, deterioro o desaparición de servicios esenciales y la reducción de las becas estudiantiles. A ello se suman reiteradas interferencias en aspectos clave de la vida académica y administrativa, como la definición de estructuras internas, la elección de autoridades, la creación de programas académicos y los procesos de admisión.
En el escrito publicado en redes sociales hacen énfasis en que esta situación ha ocasionado que el número de profesores y estudiantes sea cada vez menor en la mayoría de las instituciones. Además alertan que en algunos casos, la actividad académica se encuentra severamente limitada y, en determinadas áreas, próxima a la paralización total.
La ACFIMAN sostiene que, aunque el debate sobre una nueva ley es importante y necesario, no responde a las necesidades más apremiantes del sistema. “Lo urgente es adoptar medidas que permitan recuperar las condiciones mínimas de funcionamiento: garantizar recursos adecuados, ofrecer remuneraciones dignas, fortalecer los servicios académicos y estudiantiles, restablecer la plena vigencia de la autonomía universitaria y permitir que las instituciones operen conforme al marco legal vigente”, indican.
La Academia exhorta al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a concentrar sus esfuerzos en estas necesidades impostergables y a evitar que la atención se desvíe hacia un debate que, por sí solo, no resolverá las graves deficiencias que mantienen a la educación universitaria venezolana en uno de los momentos más críticos de su historia reciente.
Ley de Educación Universitaria se discute por tercera vez
Por tercera vez en los últimos 16 años, en Venezuela se abre el debate para actualizar la Ley de Universidades, promulgada en 1958, con una reforma en 1970. La propuesta surgió el jueves 1° de octubre, cuando la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, convocó a autoridades académicas a participar en los cambios que se deben dar en la educación durante un Consejo Nacional de Universidades (CNU).
EL Gobierno considera que esta normativa legal hay que adaptarla, sobre todo cuando avanza la Inteligencia Artificial (IA) en la investigación y formación. Intentar la reforma de esta ley no es un tema nuevo, en 2010, el expresidente Hugo Chávez, vetó la Ley de Educación Universitaria que había aprobado la Asamblea Nacional, y en 2024, un nuevo proyecto fue engavetado por las elecciones presidenciales.
“Si bien es el Parlamento el que se encarga de crear leyes, los rectores haremos nuestras propuestas. Hay varios aspectos a abordar: el primero es la diversificación institucional: El tipo de instituciones de educación superior ha crecido y se ha diversificado. Ya no existen únicamente las universidades tradicionales de cuando se redactó la ley vigente”, explicó la rectora Rita Áñez, rectora de la Unexpo.
Un segundo punto son los actores y medios de enseñanza. “Hoy debemos preguntarnos cómo se caracteriza un profesor universitario, cuáles son sus competencias y cómo se desenvuelven los estudiantes en un entorno tecnológico transversal”, recalcó.
En tercer lugar, cree que se debe tocar el tema del presupuesto universitario. “La ley vigente habla de generar ingresos propios, pero carece de una estructuración clara sobre fuentes de financiamiento sostenibles que garanticen dos factores clave: pertinencia (que lo enseñado responda a las necesidades del país) y calidad educativa”, apuntó. Mencionó que todo instrumento legal debe respetar el artículo 109 de la Constitución que reconoce la autonomía universitaria.
Con información de Efecto Cocuyo
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