- Blanca Terán, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL, sostiene que en la comunidad universitaria hay quienes consideran que la prioridad no es la actualización de una ley, sino una política salarial que mejore la calidad de vida de docentes, personal administrativo y obrero.
Por tercera vez en los últimos 16 años, en Venezuela se abre el debate para actualizar la Ley de Universidades, promulgada en 1958, con una reforma en 1970. La propuesta surgió el jueves 1° de octubre, cuando la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, convocó a autoridades académicas a participar en los cambios que se deben dar en la educación durante un Consejo Nacional de Universidades (CNU).
EL Gobierno considera que esta normativa legal hay que adaptarla, sobre todo cuando avanza la Inteligencia Artificial (IA) en la investigación y formación. Intentar la reforma de esta ley no es un tema nuevo, en 2010, el expresidente Hugo Chávez, vetó la Ley de Educación Universitaria que había aprobado la Asamblea Nacional, y en 2024, un nuevo proyecto fue engavetado previo a las presidenciales.
“Si bien es el Parlamento el que se encarga de crear leyes, los rectores haremos nuestras propuestas. Hay varios aspectos a abordar: el primero es la diversificación institucional: El tipo de instituciones de educación superior ha crecido y se ha diversificado. Ya no existen únicamente las universidades tradicionales de cuando se redactó la ley vigente”, explicó la rectora Rita Áñez, rectora de la Unexpo.
Un segundo punto son los actores y medios de enseñanza. “Hoy debemos preguntarnos cómo se caracteriza un profesor universitario, cuáles son sus competencias y cómo se desenvuelven los estudiantes en un entorno tecnológico transversal”, recalcó.
En tercer lugar, cree que se debe tocar el tema del presupuesto universitario. “La ley vigente habla de generar ingresos propios, pero carece de una estructuración clara sobre fuentes de financiamiento sostenibles que garanticen dos factores clave: pertinencia (que lo enseñado responda a las necesidades del país) y calidad educativa”, apuntó. Mencionó que todo instrumento legal debe respetar el artículo 109 de la Constitución que reconoce la autonomía universitaria.
Otras prioridades
Blanca Terán, presidente de la Asociación de Profesores de la UPEL, sostiene que en la comunidad universitaria hay quienes consideran que la prioridad no es la actualización de una ley, sino una política salarial que mejore la calidad de vida de docentes, personal administrativo y obrero.
“La prioridad es de carácter social y económico. Debemos atender el problema de los sueldos y salarios, el problema presupuestario de universidades, los problemas de atención a la salud del universitario, el problema de atención a la capacidad de ahorro deben ser resueltos en el país”, expresó.
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