Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Al menos 408 medios de comunicación han cerrado en Venezuela desde el año 2003, de acuerdo con datos registrados por la ONG Espacio Público en el Informe 2022: Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela.
Durante la presentación del informe realizada este 3 de mayo, la organización advirtió que el cierre de todos estos medios de comunicación se dio «en un contexto en el que la ciudadanía precisa informarse, en medio de la emergencia humanitaria compleja, desigualdad profunda y una ola de migración masiva«.
La radio venezolana ha sido la más golpeada durante los últimos años. Espacio público documentó que entre 2003 y 2022 cesaron operaciones al menos 285 emisoras de radio a escala nacional, lo cual equivale a 71% del total de medios de comunicación cerrados en dicho periodo.
Solo en 2022 el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 81 emisoras en todo el territorio nacional, por lo que se convirtió en el año con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas.
«Estos cierres fueron ejecutados por la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel), quienes actuaron, en ocasiones, en compañía de cuerpos de seguridad. En la mayoría de los casos, los funcionarios alegaron que las estaciones radiales se encontraban operando de forma clandestina, al no tener su estatus legal apegado a la ley«, reseñó el informe.
Zonas silenciadas
La persecución del Estado, la crisis económica, el bloqueo al Internet y otros factores han contribuido a que 13 estados del país estén actualmente sin medios de comunicación, lo que deja a la ciudadanía sin noticias.
Los estados afectados por este silencio son Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre y Trujillo.
El informe alerta sobre casos preocupantes, como el del estado Falcón, donde funcionan 36 medios de comunicación, de los cuales 29 son estaciones de radio que solo difunden música y contenido progobierno.
Asimismo, en Mérida, se contabilizan 63 medios activos, de los cuales en su mayoría son emisoras de radio (43) que se limitan al entretenimiento y a transmitir hilos musicales. «La falta de equilibrio informativo es evidente: de los 18 medios digitales activos, solo 6 son autónomos», señaló la ONG.
Violaciones a la libertad de expresión
En 2022 se registraron 227 casos de violaciones a la libertad de expresión, lo cual representa una disminución de 7% con respecto al número de casos registrados en 2021, el año con menos casos desde 2013, cuando se registraron 220 situaciones.
Además, el informe indicó que documentaron 468 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 2022: los casos de censura ocuparon el primer lugar en el registro al sumar al menos 199 incidencias, lo cual equivale a 43% del total.
Las restricciones administrativas hacia medios de comunicación alcanzaron 19% y las intimidaciones a periodistas y demás trabajadores de la prensa durante el ejercicio de su labor fueron parte de las violaciones más frecuentes con 18%.
En total, hubo al menos 74 interrupciones en el servicio de Internet, una violación indirecta de la libertad de expresión, pues limita a la ciudadanía su derecho de acceso a la información y comunicación.
En relación con las detenciones por ejercer el derecho a la libertad de expresión, se registró un descenso de 49% con respecto al número de personas detenidas en 2021, según los datos de Espacio Público.
Durante 2022 fueron detenidas de forma arbitraria un total de 17 personas. «En al menos 11 de estas detenciones se conoció de la aplicación de la inconstitucional Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, instrumento aprobado en el año 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro que contraviene las exigencias mínimas de respeto a los derechos humanos», indicó el informe.
Espacio Público señaló que hasta el 25 de abril de este año 2023, documentaron al menos 55 casos que derivaron en 108 violaciones a la libertad de expresión en el país: 15 en enero, 16 en febrero, 16 en marzo y 8 en abril.
En los primeros cuatro meses de 2023 las denuncias por censura ocuparon el primer lugar (26), seguidas por los registros de intimidación (22), amenaza (16) y hostigamiento judicial (12).
Fuente: El Nacional.