El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que no prolongará el estatus legal temporal de decenas de miles de migrantes que ingresaron al país bajo un programa de patrocinio o parole implementado durante la administración de Joe Biden.
Este programa, diseñado para reducir las entradas ilegales a través de la frontera sur, permitió a migrantes venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses volar legalmente hacia Estados Unidos con la esperanza de estabilizarse y buscar oportunidades de asilo o de obtener beneficios migratorios.
Sin embargo, según fuentes oficiales, aquellos que no logren regularizar su situación antes de que expire su permiso de permanencia se enfrentarán a procedimientos de deportación.
El programa migratorio que beneficia a inmigrantes de cuatro países había sido suspendido por fraude masivo.
Según lo estipulado en el Federal Register, el permiso otorgado bajo este proceso de parole tenía una duración de hasta dos años. Durante este tiempo, los migrantes debían aprovechar para buscar alivio humanitario o beneficios migratorios que les permitieran regularizar su estatus a largo plazo. Este permiso también les permitió trabajar legalmente en Estados Unidos y contribuir a la economía nacional.
Sin embargo, los migrantes que no hayan iniciado o recibido beneficios migratorios durante ese periodo deberán abandonar el país antes de que expire su autorización de permanencia, o enfrentarán procedimientos de deportación una vez concluido el plazo.
«Aquellos que no tienen beneficios migratorios pendientes, o no hayan sido beneficiarios de algún proceso de inmigración durante su período de parole, deberán abandonar Estados Unidos o podrán ser sometidos a procedimientos de remoción», dijo un portavoz de DHS.
Reducir la migración ilegal en Estados Unidos
El programa de parole fue una respuesta del gobierno de Biden a las crecientes crisis migratorias en la frontera sur, especialmente con respecto a migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Con la intención de brindar una vía legal y segura para quienes calificaban por razones humanitarias urgentes o por un «significativo beneficio público», el programa permitió que miles de personas ingresaran a Estados Unidos de manera controlada, sin recurrir a cruces ilegales.
Las cifras oficiales indican que los encuentros en la frontera de migrantes de estos países han disminuido más del 99% en comparación con los niveles previos a la implementación del programa. Al ofrecer una vía legal, las autoridades esperaban disuadir a otros de arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente, a menudo bajo el control de peligrosas redes de tráfico de personas.
A pesar de la naturaleza temporal del parole, las autoridades han destacado que aquellos beneficiarios del programa que aún no hayan regularizado su situación pueden buscar opciones de alivio humanitario o de inmigración a través de USCIS (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos). Entre las alternativas más comunes se encuentran las solicitudes de asilo o el Estatus de Protección Temporal (TPS), aunque estas opciones no están garantizadas y dependen de las circunstancias individuales de cada migrante.
Históricamente, el uso de procesos de parole no es nuevo en la política migratoria estadounidense. Desde que se estableció este mecanismo en 1952, prácticamente todas las administraciones presidenciales lo han utilizado para responder a crisis humanitarias, o para abordar situaciones que representan un beneficio público considerable.
Sin embargo, la decisión de no extender el estatus temporal de los migrantes ha generado críticas por parte de defensores de los derechos de los migrantes, quienes argumentan que muchos de estos individuos aún no han podido regularizar su situación debido a los retrasos en el procesamiento de solicitudes o la complejidad de los trámites migratorios.
