EFE | LA PRENSA DE LARA.- Argentina vivió este 20 de diciembre, aniversario de las revueltas sociales que le costaron la presidencia a Fernando de la Rúa en 2001 y dejaron un saldo de 39 muertos, una intensa jornada protagonizada por las miles de personas que salieron a manifestarse en las calles de Buenos Aires convocadas por oganizaciones sociales lideradas por el Polo Obrero, y el anuncio del nuevo mandatario, el ultraliberal Javier Milei, de un programa de estabilización que aspira a reconstruir la economía terminando con el endémico déficit fiscal.
El presidente se dirigió al país la noche de este miércoles por cadena nacional de radio y televisión para enumerar las principales medidas del plan, que contempla la reforma de más de trescientas normas cuyo objetivo es sentar «las bases de la reconstrucción de la economía argentina y devolverle la libertad y la autonomía a los individuos, sacándoles el Estado de encima».
Según Milei, que hace apenas un mes que asumió la presidencia tras derrotar en segunda vuelta al ministro de Economía del Gobierno peronista, Sergio Massa, Argentina puede ser de nuevo «una potencia mundial», como a comienzos del siglo pasado, pero para eso hace falta «desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico».
El decreto de necesidad urgente (DNU) que este jueves publicará el Boletín Oficial y que en las próximas semanas será debatido en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación convocadas en plenas vacaciones del verano austral, busca transformar en sociedades anónimas «todas» las empresas estatales para su «posterior privatización», a fin de desregularizar la economía argentina.
«Recibimos la peor herencia de la historia», se lamentó el jefe del Estado argentino, quien se refirió a la carga heredada de los Gobiernos de los últimos años, en su mayoría de signo peronista, como «el déficit consolidado del 15 % del PBI, la presión impositiva más alta del mundo, la falta de reservas en el Banco Central, la confianza crediticia destruida, la emisión monetaria desenfrenada y la crisis inflacionaria anual del 15.000 %».
El plan gubernamental incluye medidas tan contundentes y disímiles como la derogación de la ley de Alquileres, la posibilidad de que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas si así lo desean, o la autorización de la cesión total o parcial del paquete accionarial de Aerolíneas Argentinas.
Pero también contiene otras que apuntan directamente a la desregulación de la actividad económica, como la derogación de la ley de Abastecimiento, que contempla sanciones a empresas en casos de escasez de determinados productos, y de la ley de Góndolas, que obliga a los supermercados a ofrecer un mínimo de productos fabricados por pequeñas empresas.
Después de que Milei anunciara este plan, cientos de manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la sede del Congreso de la Nación para continuar con la protesta que horas antes habían llevado a cabo unas tres mil personas que recorrieron las calles del centro de Buenos Aires para finalizar concentrándose en la emblemática Plaza de Maya, frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia de la República.
La movilización nocturna también se dejó sentir en diversos barrios de la capital, donde los vecinos protagonizaron una sonora una protesta desde sus ventanas y balcones haciendo sonar cacerolas y otros utensilios domésticos. Según pudo comprobar EFE, la acción de protesta se escuchó en varias zonas de la ciudad, entre ellas algunas de las más acomodadas, como Palermo y Belgrano, pero también en barrios más modestos como Caballito, Almagro y Avellaneda.
Horas antes, la primera protesta social contra Milei se saldó con una tibia convocatoria y sin incidentes de consideración, en buena medida por el fuerte despliegue de efectivos de la Policía Federal y las unidades antidisturbios de Gendarmería.
Pero también pesaron las advertencias lanzadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el propio presidente Milei de que quien ocupara la vía pública o cortara carreteras dejaría de recibir los planes de ayuda social para los más desfavorecidos, en momentos en que cuatro de cada diez familias argentinas viven por debajo del umbral de pobreza y la indigencia afecta al diez por ciento de la población.
Información: EFE, Buenos Aires, 21dic.