Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Todo apunta a planificar acciones que presionen las respuestas de la autoridad del estado y de la hidrológica, ante la espera que se ha prolongado desde principio de este año. De eso trató la discusión de ayer en el movimiento Unidos por el Agua, defensores de derechos humanos y dirigentes vecinales. El primer acuerdo es de concentrarse la próxima semana en la Defensoría del Pueblo, recordando el derecho al agua potable que su violación afecta a más del 60% de habitantes del municipio Iribarren.

Alcides Pérez precisó que «la situación es muy grave y se ha venido empeorando. No entendemos por qué no le dan respuesta al ciudadano ni información«. Precisó como más grave en Torres y Urdaneta, porque las estaciones de rebombeo no funcionan 100%& ; y no hay la inversión necesaria.

Nelsón Freitez, defensor de derechos humanos, habló de la demanda en tribunales y la falta de capacidad para garantizar el sulfato de aluminio para potabilizar el agua.& ;