viernes, 22 noviembre 2024
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Puño de hierro contra Mercabar

William Croes | LA PRENSA.- Los 42 días que tiene la comi­sión cívico militar de la misión Abastecimiento Soberano en Mercabar ha sido de inspeccio­nes y sanciones parejas. Du­rante este mes y pico el parte arrojado por las autoridades de la Fuerza Armada Nacional es de 71 comerciantes detenidos y puestos a la orden del Ministe­rio Público por presuntamente incurrir en ilícitos en la venta de alimentos.

El mayor general Tito Urba­no, comandante de la REDI Occidental, acudió ayer al ma­yorista para pasar revista del trabajo emprendido durante estos 42 días. La máxima auto­ridad de la REDI señala que co­merciantes de Mercabar incu­rrían en irregularidades como la venta de productos vencidos, ventas de productos con un so­breprecio superior al 120 % y el arrendamiento ilegal de ciertos espacios destinados al área de estacionamiento.

“El mercado perdió sus prin­cipales objetivos que es la ven­ta al mayor de alimentos. Las personas que han sido deteni­das es porque incurrieron en el bachaqueo de productos, la es­peculación y sobreprecio. Ya fueron puestos bajo la orden del Ministerio Público”, expre­sa Urbano, quien participó en la inspección desde las 5:30 am.

De los 354 locales de uso co­mercial que tiene el mayorista han sido supervisados 108, de los cuales entre el Seniat y la Superintendencia de Precios Justos han sancionado a más de 60 por diversas irregularida­des fiscales.

Entre otras irregularidades está el decomiso de 23 pesos que estaban puyados. Fiscales de Sencamer han estado aten­tos con las balanzas que arro­jan un margen de error supe­rior a medio kilo para el pesaje de frutas, verduras y granos de venta al público. Mientras que el Insai, habilitó un espacio pa­ra suministrar información y guías de movilización para el traslado de productos del cam­po.

En el operativo también ha intercedido el Instituto Autó­nomo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Idenna) el cual ha protegido bajo la condi­ción de abrigo a ocho menores de edad que estaban en los al­rededores de la zona de La Pla­ya y no poseían documentos de identificación ni estaban bajo la supervisión de sus padres ni representantes legales.

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