José Miguel Najul | LA PRENSA.- Tres meses de los casi 12 trabajados por un empleado promedio en el país se le diluyen en el pago del Impuesto Sobre La Renta (ISLR). El Gobierno, en procura de hacerse de recursos, está “metiéndole la mano en el bolsillo” al mismo sector que mantiene en marcha al país.
Lo denuncian los voceros de la unión sindical emergente, compuesta por dirigentes de diversas organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores, quienes también critican con severidad la interpretación que, a conveniencia, hace el Estado de los artículos en las leyes.
Orlando Chirinos, vocero del Sindicato de Trabajadores del Cemento, especifica que el Gobierno se vale del artículo 31 de la Ley Especial de Impuesto Sobre La Renta en el que la base de cálculo para el pago de todos los trabajadores —incluyendo quienes perciben sueldo mínimo— se hace no sólo con el salario base, son también sobre los conceptos accidentales como horas extra, utilidades y pago de vacaciones.
Piden la reconfiguración de esta exigencia basándose en el hecho de que una ley especial no puede estar por encima de la Ley Orgánica del Trabajo, en donde se determina que el pago se hace en función del salario y no del resto de los beneficios percibidos.
Por eso, piden a la Asamblea Nacional (AN) que se disponga a trabajar sobre el asunto urgentemente.