José Miguel Najul | LA PRENSA.- La comisión de postulaciones judiciales, que seleccionó a los 13 magistrados principales y 21 suplentes en diciembre del año pasado, cometió variadas irregularidades para beneficio del chavismo.
Fue esto lo que provocó la disolución de la medida que puso a los juristas en el cargo.
Lo explica el diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 3 de Lara, Alfonso Marquina, quien asegura que esta decisión, tomada por la mayoría del parlamento, implica la anulación de las medidas que han tomado hasta ahora, incluso las que se han emitido desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la AN.
En primer lugar, establecieron que los magistrados han sido militantes del PSUV. También han ocupado cargos de relevancia, tanto en las estructuras de Gobierno, como en la propia organización política.
Particularmente destaca el caso de Calixto Ortega, de la Sala Constitucional; y el de Elvis Amoroso, de la Electoral, que cumplieron el rol de candidatos por el partido rojo a la Asamblea Nacional y que, al perder, se habrían incluido dentro del Poder Judicial. Incluso, Amoroso “votó por sí mismo” para elegirse como magistrado, acto prohibido en el desempeño de esa comisión.
La comisión especial encargada de investigar el asunto, detectó que hubo presiones para que magistrados de tendencia neutral apresuraran sus jubilaciones de manera forzosa.
También determinaron que no se cumplió el procedimiento de impugnación, y en este punto estaría involucrado el poder civil, en especial Tarek William Saab, defensor del pueblo, que se adelantó para aprobar las postulaciones antes de que se cumplieran los lapsos para la revisión.
Según Marquina, los magistrados tampoco cumplen con las credenciales necesarias para ejercer estos cargos.