José Najul | LA PRENSA.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha tomado, sistemáticamente, decisiones inconstitucionales que vulneran flagrantemente los derechos políticos de los electores venezolanos. Por ello, los voceros del Colegio de Abogados del Estado Lara (CAEL), así como el resto de colegios y la federación nacional, han decidido declararse en rebeldía.
Enrique Romero, presidente del Colegio del estado Lara, asegura que el TSJ se ha constituido como un ente “ejecutor de un enorme fraude a los venezolanos”. Romero se refiere específicamente a la aprobación del presupuesto de la República por el propio Tribunal, lo que otorga al presidente Nicolás Maduro la oportunidad de soslayar la presentación de la distribución de los recursos a la Asamblea Nacional, institución que controla el sector opositor desde diciembre del 2015.
Recuerda que, para el 2017, 80% del presupuesto nacional estará constituido por la recaudación fiscal (impuestos) “que salen del bolsillo de los propios ciudadanos”, y el Gobierno pretende “manejarlos con una total opacidad”, sin el control de un parlamento que fue seleccionado en elecciones populares por una enorme mayoría de la población, y que se tradujo en una mayoría absoluta de 112 diputados por parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Diversos representantes del sector jurídico se han sumado activamente a la postura de los líderes de los colegios, así como a la de la Federación. Julián Rojas, vocero de Abogados Larenses por la Paz, y miembro colegiado del Colegio de Abogados del estado Lara, quien señaló que: “Frente a la parcialización sistemática hacia el Gobierno, por parte de la institución jurista por excelencia de Venezuela, debemos alzar nuestra voz de protesta pidiendo la reinstitucionalización de los poderes públicos en el país”.
Para Rojas, es necesario que otro tipo de organizaciones que aglutinan a los profesionales del derecho se sigan manifestando masiva y públicamente frente a lo que considera “un montón de tropelías en contra de la democracia y de la práctica objetiva del ya de por sí mancillado derecho venezolano”.
Aseguran que, así como un sector, familiarizado con la dinámica jurídica, como es el de los abogados, se dispone a desconocer las acciones del TSJ, muchos otros representantes de la sociedad civil están dispuestos a asumir la misma postura en contra de la “inconstitucionalidad”.