Osman Rojas | LA PRENSA.-Desde hace ocho años Víctor Martínez vive en tribunales llevando denuncias y buscando justicia. Fue en marzo de 2009 cuando un hampón de El Manzano llegó hasta su casa y de tres tiros en el pecho acabó con la vida de su hijo Mijail Martínez. A partir de entonces el exdiputado de Causa R espera una llamada de los tribunales que le diga que el homicida está preso.
‘Todos los días es una nueva decepción. A mí me mataron en vida y yo sólo exijo justicia algo que en este país ya no se ve‘, dice resignado Vargas quien asegura que su hijo fue asesinado por sicarios mandados por el alto mando militar. ‘Denuncié abiertamente al Gobierno nacional y ése fue el precio que pagué‘, explica.
Historias como estas son comunes en Venezuela. La impunidad en el delito se instaló en la sociedad venezolana y según diversas organizaciones de derechos humanos, el sistema penal venezolano se preocupa más por condenar a dirigentes políticos que por sentenciar a criminales.
Andrés Colmenárez, representante de Funpaz, se mostró preocupado por la impunidad que el Gobierno nacional muestra para ciertos casos y la severidad con la que juzga a otros. Desde el año 2013 en el estado Lara hay 150 personas que están bajo régimen de presentación. La mayoría de esas personas son estudiantes o ciudadanos que salieron a protestar en contra de este Gobierno.
‘Hay una persecución y se busca eliminar la libertad de expresión. Nosotros hemos sido perseguidos y presionados. Lamentablemente en Venezuela la justicia no existe‘, dice Colmenárez.
Pedro Troconis, abogado penalista, va un poco más allá y asegura que la represión es una de las políticas que más éxito le ha dado al Gobierno de Nicolás Maduro.
‘Basta con ver el trato y la tortura que hay con los presos políticos para entender que el Gobierno lo único que quiere es amedrentar y aterrar a la población. No solo es la etapa de persecución o de condena, luego de eso viene una fase de señalamiento donde queda demostrado que los poderes y magistrados sirven al Ejecutivo y no al ciudadano‘, dice Troconis.
Ayer en el Colegio de Abogados del estado Lara se realizó un conversatorio para debatir si en Venezuela hay un derecho a la justicia. La mayoría de ponentes aseguró que las decisiones judiciales que se han tomado en los últimos cinco años han eliminado las garantías concedidas en las leyes venezolanas.
Laura Louza, abogada y ponente principal del conversatorio, destacó que en el país el 80,4% de las sentencias condenatorias del año pasado fueron por admisión y no por investigación. Además cuestionó al Gobierno nacional pues sólo el 10% de los casos resueltos tienen una sentencia parcial.
Los ponentes denunciaron que los estudiantes son los más afectados por la violación de los derechos constitucionales. Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios, denunción que en la actualidad hay más de 4 mil estudiantes siendo procesados en todo el territorio nacional y otros 23 detenidos como criminales por protestar. ‘Nos han violentado todos los derechos‘, recalca.