- Ante la reanudación de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, allegados a los presos políticos exigen priorizar las excarcelaciones tras la crisis generada por los recientes sismos.
- Asimismo, denuncian el abandono y presuntos maltratos hacia los reclusos en medio de la falta de un balance oficial gubernamental.
Familiares de presos por motivos políticos en Venezuela instaron este jueves a que las inminentes conversaciones entre representantes del Gobierno y un sector de la oposición, previstas para el 1 de agosto, tengan como tema prioritario la excarcelación de estos reclusos.
Esta petición surge de cara a la reanudación de un proceso de diálogo apoyado por Estados Unidos, cuyo objetivo general es el fortalecimiento de la democracia en medio de la severa crisis provocada por los recientes movimientos telúricos.
Durante una rueda de prensa, Mayra Morales, hermana del detenido Ricardo Fonseca y vocera de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, enfatizó la urgencia de esta demanda: «Es fundamental que en esa mesa de diálogo se presente el punto número uno como la libertad de todos los presos políticos, porque no podemos tener un país libre con presos políticos tras las rejas».

Familiares de presos políticos piden ser escuchados
El colectivo, que mantiene un campamento frente a la Embajada estadounidense en Caracas desde el pasado 7 de junio en busca de intermediación diplomática, solicita ahora la atención de las partes negociadoras.
Las conversaciones estarán protagonizadas por el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera. Jessica Castro, allegada a un detenido por el caso de la Operación Gedeón de 2020, hizo un exhorto a la representante opositora: «Le pedimos a la señora Figuera que escuche directamente a todos los familiares que nos encontramos acá y en cada uno de los centros de reclusión, que reabra los casos y que sean escuchados».
Situación carcelaria tras el desastre natural
Los encuentros entre Rodríguez y Figuera habían comenzado el pasado 18 de junio, pero debieron suspenderse tras la tragedia de los dos terremotos ocurridos el 24 de junio, los cuales han dejado un saldo de 4.829 fallecidos. En este contexto de emergencia, los familiares declararon a agencias internacionales que los reclusos han quedado en estado de abandono por parte de las autoridades, evidenciado en la escasez de alimentos y la nula reparación de infraestructuras penitenciarias dañadas por los sismos.
Aunado a esto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció la semana pasada presuntas agresiones en el penal de Rodeo I, a las afueras de Caracas. Según la organización, las autoridades utilizaron la fuerza física, perdigones y gases lacrimógenos para obligar a los reos a regresar a las celdas, luego de que estos pasaran varios días en los patios como medida preventiva ante los temblores. Hasta la fecha, el Ejecutivo venezolano no ha emitido ningún balance oficial sobre el estado físico de los detenidos o de las cárceles afectadas por los sismos.
Con información de EFE

