• Dinorah Figuera anunció un plan técnico-institucional que combina la atención a la emergencia por los sismos de junio con reformas estructurales en el TSJ y el CNE.
• El objetivo es establecer bases para un proceso electoral transparente hacia finales de 2026.

La dirigente política Dinorah Figuera informó sobre el inicio, previsto para el próximo 1 de agosto, de una hoja de ruta estratégica orientada a la reinstitucionalización de Venezuela. En declaraciones ofrecidas al periodista Unai Amenabar para el Circuito Éxitos de Unión Radio, Figuera subrayó que este plan cuenta con el acompañamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos y busca, como pilares fundamentales, la reestructuración del Poder Electoral y el Poder Judicial, junto al restablecimiento de los derechos políticos.

Según explicó, la urgencia de este diseño se intensificó tras la crisis humanitaria derivada de los sismos ocurridos el pasado 24 de junio. El programa combina la atención a la emergencia social con un enfoque político-técnico, diseñado para consolidar una ruta democrática. En este sentido, destacó que su reciente encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue un paso clave para establecer la voluntad política necesaria entre las partes.

Intervención al TSJ y ajustes en el CNE

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es la ampliación de las reformas judiciales. Si bien inicialmente el foco estaba centrado en la Sala Electoral, Figuera confirmó que, bajo recomendación de expertos, la propuesta ahora contempla intervenir la composición de todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el fin de recuperar la credibilidad institucional.

En materia electoral, el proyecto plantea reformas legales y ajustes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para asegurar la transparencia del voto mediante auditorías técnicas y veeduría internacional. Asimismo, se contempla el levantamiento de inhabilitaciones, la restitución de partidos a sus directivos originales y la eliminación de normativas consideradas restrictivas, como la Ley contra el Odio y la Ley de Extinción de Dominio.

Respecto a los plazos, Figuera fue cautelosa al señalar que, si bien actualmente no existen las condiciones óptimas, el cronograma aspira a presentar las bases fundamentales para una futura convocatoria electoral en diciembre de 2026. Finalmente, la dirigente manifestó expectativa ante el compromiso de los actores involucrados, revelando que, en sus conversaciones con el diputado oficialista, este habría expresado la disposición de reconocer los resultados y entregar el poder de forma democrática en caso de ser derrotados en comicios transparentes.