Según la Ley de Transporte Terrestre, está prohibido que niños menores de 10 años sean trasladados por sus padres en motos. Las sanciones van desde multas establecidas en el artículo 170 hasta penas de uno a tres años de cárcel si coloca en riesgo la seguridad e integridad de los menores al momento de su movilidad, según establece el artículo 254 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
El pasado 2 de septiembre, Willian Blanquis, vicepresidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), declaró en una entrevista al Noticiero Televen, que mantienen una campaña para evitar los accidentes de tránsito en el país, enfatizando que serán procesados por el Ministerio Público los padres que trasladen a sus hijos menores de 10 años en vehículos tipo moto.
También serán sancionados y recibirán charlas de seguridad vial, los padres y representantes de menores de 16 años que sean detenidos conduciendo una moto, porque en el país ya no se está tramitando la licencia de segundo grado tipo A para ellos, debido a que las motocicletas de 80 y 100 cilindradas que, según la Ley de Transporte Terrestre, son las que pueden manejar se dejaron de fabricar en Venezuela.
«Los padres tienen responsabilidad absoluta en la protección de sus hijos, y protección tiene que ver con educación, movilidad, transporte, salud, recreación, cultura, pero también con integridad. Cuando un niño va de parrillero en una motocicleta, o en el medio entre sus dos progenitores, está en alto riesgo su integridad, porque una moto es un vehículo que no tiene seguridad. Allí se pone en juego la responsabilidad de crianza. Mamá, papá, tienen el deber de la responsabilidad de crianza, y eso significa generar las condiciones adecuadas para garantizar todos los derechos de sus hijos», declaró Elba Yris Rodil, directora del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela (Idenna), en el estado Lara.
Según estadísticas que maneja Rosibel González, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), obtenidas al revisar fuentes de medios de comunicación, redes sociales y grupos de auxilio, más del 50% de los accidentes de tránsito que se registran en Venezuela involucran a motorizados. Los más afectados son jóvenes menores de 26 años. Y aproximadamente una cuarta parte de esos casos; es decir, un 12% son accidentes que involucran a niños y adolescentes.
«Hemos evidenciado que los niños viajan en motos sin cascos y aunque los padres crean que están protegiendo al llevarlos en el medio, la realidad es que cuando hay un accidente los cuerpos salen expelidos y son los niños los que tienen menos condiciones de supervivencia. Entonces, esta es una decisión del Estado, que algunos catalogan de desproporcionada, pero se hace en función de proteger a los niños», recalcó Rodil.
Piden abordaje integral
Carlos Trapani, coordinador del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), organización que lucha por los derechos de los infantes, indicó que han visto con preocupación el aumento de accidentes en motos, en los que resultan lesionados o fallecidos menores de edad. Considera que las medidas que deben tomar instituciones del Estado para disminuir los siniestros viales no deben ser aisladas, sobre todo cuando hay zonas del país rurales que no cuentan con transporte público eficiente.
«No basta con la prohibición, esa normativa tiene que ir acompañada de acciones complementarias, porque es una realidad las dificultades de movilidad. Con un sistema de transporte público deficiente y que para muchos resulta inaccesible por los costos, entonces eso lleva a las familias a considerar las motos para trasladarse», expresó.
Tomar medidas para proteger a quienes transitan en motos
Para Rosibel González, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), es necesario que las campañas que desarrolla la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para disminuir los accidentes de tránsito en motos sean constantes, porque además de trasladar a menores de edad en motos, las personas suelen ir a exceso de velocidad, manejan por el medio de los canales, realizan maniobras peligrosas, no utilizan las luces de cambio o viajan sin casco, irrespetando las leyes de tránsito.
«Cuando las campañas no son reiterativas, tú siempre vas a tener los mismos resultados. Deben hacer un estudio en Venezuela para determinar las zonas del país en donde hay más siniestros viales e intensificar las campañas en esos sitios. Se requieren más puntos de control en material vial por parte de funcionarios de la PNB, quienes deben estar desplegados en todas las ciudades haciendo cumplir la normativa, porque la realidad es que actualmente no hay suficientes funcionarios. Mientras detienen a un motorizado porque va con un niño de parrillero, por el otro lado pasan tres motorizados más infringiendo la ley», manifestó.
Combatir la impunidad
Según Carlos Trapani, abogado y coordinador de Cecodap, el Estado también debe trabajar en disminuir la impunidad en los accidentes de tránsito. «No podemos determinar las cifras de impunidad de los accidentes viales, porque no hay información oficial. Sólo sabemos que muchos casos de accidentes quedan en el mundo privado. Pero lo importante es entender que hay un marco regulatorio que se debe respetar, cumplir y que las autoridades son garantes de su cumplimiento, desde el punto de vista punitivo, sancionatorio, pero también desde el punto de vista de promoción y educación», indicó.
Debe haber una mejor en el transporte público
De acuerdo con la ingeniero Norah Farías, especialista en vialidad y transporte urbano, un reto que hay en el país es tener gobernabilidad para hacer cumplir la Ley de Tránsito y aplicar las multas y sanciones correspondientes a quien infrinja la ley.
Sostiene que el control debe comenzar por las alcaldías, que deben desarrollar censos para saber cuántos motorizados hay y determinar cuántos utilizan la moto para trabajar.
Asimismo, destaca que las alcaldías deben desarrollar una política para mejorar el transporte urbano, que todas las comunidades cuenten con suficientes rutas y que el pasaje sea accesible.
«En la medida en que el sistema colectivo de transporte donde tú cargues la mayor cantidad de gente te funcione, habrá mayor cobertura y podrás brindar seguridad a los ciudadanos y resolver un problema de movilidad que tienen todas las ciudades del país», destacó la ingeniero.
Necesario mayor control para bajar la velocidad
El doctor Armando Sánchez, fundador de la cátedra de Medicina Rural de la UCLA y médico sanitarista, sostiene que los gobiernos regionales deben establecer medidas de control para que las personas circulen con la velocidad que establece la Ley de Tránsito en las zonas urbanas.
«En las zonas urbanas los vehículos deben trasladarse a 40 kilómetros por hora y en los entrecruces de calle con carreras, deben ir a 15 kilómetros por hora», añadió.
Recuerda que en 1981, cuando fue gobernador del estado Amazonas, colocó como ordenanza que las personas debían circular a 40 kilómetros máximo y los accidentes de tránsito disminuyeron a cero.
«Eso ayudaría de reducir la morbilidad y la mortalidad en cualquier hospital del país. En los hospitales nuestros los insumos para atender accidentes de tránsito son escasos. En los servicios de cirugía, neurocirugía y traumatología no hay las unidades de cuidados intensivos para resolver los problemas que llegan diariamente, incluso muchos pacientes que ingresan con traumatismo craneoencefálico, una de las mayores lesiones que dejan los accidentes en motos, mueren porque no hay los equipos o insumos para operarlos rápido. Y si el paciente sobrevive, termina siendo una carga económica para su familia», expresó.