José D. Sequera | LA PRENSA.- Luego de siete meses de la detención de algunos de sus directivos por presuntos hechos de sobrefacturación en azúcar procesada en el Central Río Turbio, la gobernadora Carmen Meléndez formalizó la instalación de una junta administradora provisional que permita reactivar la producción de la planta.
Meléndez indicó que el rubro azúcar es uno de los 7 más importantes nombrados por el presidente Nicolás Maduro y que por lo tanto había que “ponerse a producir”, siguiendo además las instrucciones del Ministerio del Interior Justicia y Paz, y de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo .
Estas acciones son las consecuencias de lo ocurrido en octubre del 2017, cuando el Ministerio Público arrestó a María Sigala Muñoz y Ricardo Peña, por su presunta vinculación en los delitos de sobreprecio de 235 por ciento en la asignación de divisas para la central.A partir de ahí, el Estado venezolano en conjunto a los trabajadores de la central habían tomado las riendas de la producción. Incluso, una semana después la Central La Pastora, ubicada en Carora, también fue tomada por el Estado por irregularidades.
La junta administradora está constituida por la misma Meléndez, por un representante del Zona Operacional de Defensa Integral (ZODI), un representante de la Secretaría de Economía y representantes de los trabajadores.“Lara es fértil para la producción de la caña de azúcar, así que voy apoyar a las empresas para reconstruir la economía de nuestro país”, comentó la gobernadora.
De acuerdo a lo que se conoció a través del Sindicato de Trabajadores de este central, la idea que tienen es la de “producir para abastecer al estado Lara” aprovechando las potencialidades que existen.