Jennifer Orozco | LA PRENSA de Lara.-& ;»No tengo nada ver, sólo estoy cuidando», fue lo que contestó Óscar Ramón Galíndez Canelón, después de verse contra las rejas, mientras supuestamente «vigilaba» unas baterías, presuntamente de contrabando, de las cuales no habían facturas ni guías y que se estaban vendiendo a precios abultados, en dólares.
El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Policiales (DIEP) de la Policía del estado Lara.
La versión policial indica que habían llamadas desde Barrio Nuevo, específicamente desde la carrera 9 con calle 17, que denunciaban que estaban descargando mercancía «sospechosa» en una casa que estaba abandonada, pero como lo hacían de noche y estaban en cajas, no se percibía muy bien qué productos eran.
Los funcionarios se pusieron sus chaquetas y gorras del DIEP y se fueron al sitio a investigar. Cuando llegaron, vieron que Galíndez estaba relajado leyendo el periódico en la puerta de la casa, pero cuando los policías se bajaron del carro, el hombre se paró rápidamente, se notaba nervioso, y no sabia para dónde correr.
Los funcionarios le dieron la voz de alto y con sus debidas órdenes, revisaron la vivienda en abandono. Dentro habían 41 baterías para vehículos marca ETNA, pequeñas, medianas y grandes, nuevas de paquete. Cuando los funcionarios le preguntaron a Galíndez porqué esas baterías estaban allí, lo primero que dijo fue no saber, pues él sólo estaba cuidando. Pero luego reconoció que no sabía de dónde provenían las baterías.
Los acumuladores de energía marca ETNA, son fabricados en Perú. Pero esta mercancía no tenía facturas ni guías que dijeran cómo ingresaron al país. Su costo legal, cuando son distribuidas a precios regulados es del equivalente a 40 dólares, pero estas, según la fuente, estaban siendo comerciadas hasta en 300 billetes verdes.
Galíndez sólo era el «cuidador» de la mercancía, pero admitió, al parecer que habían más sitios llenos de estas baterías, propiedad de un hombre aparentemente identificado por los funcionarios y quien tendría 8 antecedentes penales por delitos como estafas, hurtos y aprovechamiento. Galíndez quedó a la orden de la Fiscalía 4 del MP.