AFP | LA PRENSA DE LARA.- El candidato demócrata Joe Biden fue declarado este sábado presidente electo de Estados Unidos, según medios de comunicación, pero el mandatario republicano Donald Trump mantiene su postura de rechazo al proceso electoral, con miras de llegar a instancias judiciales.
Esta semana, su campaña se ha aferrado específicamente al proceso de recuento de votos en torno a las boletas por correo ?un sistema empleado en esta nación desde 1864 y que está protegido por la legislación?, en un intento, según sus críticos, de inyectar incertidumbre a los resultados y empañar la victoria de Biden con acusaciones sin pruebas. Sin embargo, el mandatario estadounidense, su equipo de campaña y sus seguidores indican que sí se cometió «fraude».
El escritor y analista político de Florida Julio M. Shiling asegura a France24 que las presuntas irregularidades recayeron en «la relajación» de normas sobre el voto por correo, como la no verificación de las firmas de los votantes y la aceptación de boletas que llegaron a los centros de votación días después del cierre de urnas, así como la falta de observadores republicanos en ciertos centros de votación.
«Al bajar los mecanismos que estaban diseñados para proteger, y ocurrió en 30 estados incluyendo los estados clave cuando se les negó la entrada a los observadores republicanos (?), eso en efecto les dio rienda suelta a los demócratas para contar los votos que querían sin ningún tipo de verificación del partido republicano. Eso ocurrió, es innegable y es parte de la demanda. Es por lo que la Administración Trump considera que se les ha robado la elección», desarrolla Shiling.
Para el investigador político Luis Montes, el presidente no ha demostrado ninguna evidencia. «Hay muchos condados que tienen incluso cámaras que muestran en directo el conteo y eso da transparencia al proceso, es el mismo proceso que le dio la victoria (a Trump) en el 2016 y que ahora como no lo beneficia lo está criticando (…) Los republicanos han logrado mantener la mayoría del Senado por un momento y han logrado ganar ciertos escaños en la Cámara. ¿Por qué, si el sistema sí ha funcionado para los republicanos en eso, no funciona para la presidencia?«, plantea.
Demandas estatales y la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema
De acuerdo con el abogado especializado en derecho electoral Jorge Jáuregui, lo primero que debe ocurrir «para que una de las campañas pueda impugnar un proceso electoral es que haya concluido el proceso y certificado la votación, y eso todavía está en proceso», pese a las proyecciones que ya dan a Biden los 290 electores, superando el mínimo de 270 necesarios para ocupar la Casa Blanca.
Esta sería la razón por la cual el mandatario no está en concreto demandando por la anulación del proceso electoral, sino que ha entablado demandas para exigir que se detenga el conteo de votos en algunos estados, y un recuento de papeletas en otros. «Nadie está cuestionando los mecanismos tradicionales en persona (?) sino el cambio radical en las reglas del juego de la votación por correo», asevera Shiling.
Hasta ahora, en Michigan y Georgia fracasaron las demandas de Trump para pedir que se detuviera el escrutinio de sufragios, y aunque en Pensilvania fue rechazada la misma petición, allí sí logró ampliar el acceso de observadores republicanos a los centros de votación.
El mandatario ha amenazado con llevar los casos hasta la Corte Suprema de Justicia, en la que cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3. Si bien, para que este tribunal intervenga deben ser comprobados dos factores. «Uno, que se demuestre el hecho, con testigos o pruebas, que ocurrió algo incorrecto. Y, número dos, que si eso fuera verdad, hubiera hecho cambiar el resultado de la elección (?) Si logra establecer que en los votos por correo hubo una falsedad, pero el número de votos no es suficiente para alterar el resultado de la elección, la Corte no va a intervenir», precisa el abogado constitucionalista y expresidente de la Comisión Estatal de Asuntos Hispanos de Florida, Rafael Peñalver.
Pero, con lo que ha mencionado el presidente Trump, «que sostiene fraude y no señala casos concretos, no se puede probar», defiende Jáuregui. «Lamentablemente para Trump no existe, según la información pública, un fundamento que diga que se pudo haber afectado o alterado. Ha habido presencia de observadores de ambas partes, no hay un argumento coherente (?), no habría mérito para que la Justicia lo ampare y es muy posible que desestimen los pedidos», ratifica el experto en derecho electoral.
Tradicionalmente en Estados Unidos ningún caso llega hasta el alto tribunal sin que se hayan agotado todas las instancias estatales, por lo que el equipo de Donald Trump primero tendrá que dar la pelea estado por estado, pasando por la Corte Suprema estatal y la Corte de Apelación. Aún así, en algunos casos no necesariamente pasaría mucho tiempo antes de que la Corte Suprema del país se pronuncie.
Pensilvania, un caso que ejemplifica la batalla legal
En Pensilvania, precisamente el estado que, con 20 votos electorales, le dio la victoria a Biden según las proyecciones, el alto tribunal ya se pronunció con respecto a un par de demandas del presidente. El viernes ordenó separar las boletas de votación que llegaron después del 3 de noviembre, aunque eso no detuvo el conteo, como exigieron los republicanos. La principal objeción del grupo de campaña de Trump fue que la Corte Suprema estatal permitió el conteo de boletas que llegaron hasta tres días después de los comicios.
«Es posible que el presidente Trump tenga algunos argumentos legales válidos (?) La pregunta es si la Corte Suprema de Pensilvania tenía la potestad para hacer eso porque la Constitución de Pensilvania dice que la legislatura de Pensilvania es la que tiene la potestad para hacer las reglas de las elecciones«, indica Peñalver.
Sin embargo, el experto destaca que se tomó la decisión debido a la situación extraordinaria de la pandemia, y que será muy difícil que Trump pueda desmentir los resultados allí, ya que en temas electorales históricamente la Corte Suprema tiende a respetar la decisión de los tribunales estatales, dado que en este país cada estado determina sus leyes en esta materia. Por lo que su intervención en las elecciones del 2000, entre George W. Bush y Al Gore, fue un caso excepcional.