Angélica Velásquez | LA PRENSA DE LARA.- Gabriela González, integrante de la Sección para la Participación de las Víctimas y Reparaciones (VPRS) de la Corte Penal Internacional (CPI), responsable de la recepción y procesamiento de estas denuncias en Venezuela, realizó la mañ;ana de este miércoles 26 de abril, la presentación del informe de observaciones de las víctimas ante la CPI.
A través de las plataforma Zoom informó que, hasta el 20 de abril de 2023 la VPRS de la CPI recibió más de 2.000 formularios y vídeos con testimonios de víctimas en la consulta sobre reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
«La denuncia ante la CPI es una esperanza para evitar nuevos delitos de lesa humanidad en Venezuela» indicó González, quien explicó el alcance y resultado del informe que ha presentado a la Sala de Cuestiones preliminares que decidirá sobre este asunto.
«Recibimos muchas denuncias por asesinatos en protestas, ejecuciones extrajudiciales, muertes por torturas, o por negarles atención médica, desplazados por persecución política, desalojos forzados de sus casas, entre otros casos de vulneraciones de derechos» detalló.
Existe «preocupación por la seguridad de sus familiares al presentar sus denuncias, se tiene miedo a represalias» dijo, por lo que «las personas pidieron que los procesos sean expeditos, transparentes y rápidos».
«Las víctimas piden al fiscal que sean tomadas en cuenta sus peticiones». Además, agrega González, que las víctimas solicitan a la oficina de la CPI, tener una sede en Caracas para facilitar las denuncias.
Observaciones de las víctimas
Las opiniones e inquietudes de las víctimas, con respecto a la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación incluyen lo siguiente:
– Se necesita una investigación urgente por parte de una Corte Internacional imparcial porque los procedimientos internos no son genuinos.
– Las medidas de reforma judicial adoptadas en Venezuela son limitadas y no abordan la falta de procedimientos genuinos.
– La CPI debe llevar a los perpetradores ante la justicia, ya que en Venezuela los principales responsables de la comisión de crímenes están resguardados de la responsabilidad penal.
– La investigación de la CPI es vista como una oportunidad única para que las voces de las víctimas sean escuchadas, descubrir la verdad sobre lo que les sucedió a las víctimas, poner fin a la impunidad y prevenir futuros crímenes.
– Con respecto al alcance de la investigación, además de los delitos mencionados específicamente en la solicitud del Fiscal (es decir, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y persecución por motivos políticos) las víctimas narraron un gran número de casos de delitos de asesinato y desplazamiento forzado.
Expectativas de las víctimas
«Las víctimas se sienten aisladas y separadas, con la sensación que son ignoradas» indicó el periodista y defensor de DD.HH. Luis Carlos Díaz, quien fue participante en el encuentro, identificándose como víctima.
Para el comunicador, «uno de los peores escenarios es que las autoridades nacionales ‘finjan una falsa cooperación’ y el Estado continúe torturando o violando los derechos humanos».
Según agregó Gabriela González, se buscan construir canales seguros de comunicación y vincular a todos los que colaboran porque «las víctimas viven en diferentes estados, en diferentes países y es una responsabilidad muy grande el manejo de las expectativas de las víctimas para mantenerlas en el proceso».
«Todo indica que hay que seguir protegiendo a las víctimas a largo plazo porque siguen en riesgo».
Informe en españ;ol
El informe se espera que se traduzca en su totalidad en las próximas semanas al idioma en españ;ol, «o al menos un resumen o anexo porque entendemos la importancia de que este informe esté en españ;ol para la difusión y conocimiento de la ciudadanía en general», agregó González.
