Luis Felipe Colmenárez | LA PRENSA de Lara.- La ONG Un Mundo Sin Mordaza dio a conocer su postura en relación a la detención de tres exdirectivos de DirecTV Venezuela luego de que la filial de la corporación estadounidense de telecomunicaciones AT&T decidiera poner fin a sus operaciones en el país.
A juicio de la organización, la administración de Nicolás Maduro trata de impedir los «esfuerzos» que se han estado realizando para lograr restablecer la señal satelital para los ciudadanos, esto utilizando a los prisioneros como «fichas para negociar».
Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, expresó el rechazo de la ONG en torno a la supuesta decisión del oficialismo de utilizar a tres directivos venezolanos que se encuentran ajenos a la decisión emitida por AT&T con la intención de obligar a la empresa estadounidense de retomar sus operaciones en la nación sudamericana bajo sus condiciones.
Días atrás, el activista por la libertad de expresión detalló que Héctor Rivero, gerente general; Rodolfo Carrano, vicepresidente comercial, y Carlos Villamizar, vicepresidente de estrategias y negocios de DirecTV Venezuela fueron detenidos por el SEBIN tras haber sido acusados por delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir.
«Consideramos que AT&T, a través de su marca DIRECTV, puede marcar una diferencia en medio de la crítica situación que enfrentan los venezolanos. Restablecer el servicio puede salvar vidas, mantenerse ajenos a la situación puede hacerle cómplice de una dictadura cruenta y violadora de derechos humanos, sin que esa sea su intención», reflexionó Diamanti.
En ese sentido, acotan que respaldan la campaña «DirecTV libre para Venezuela», la cual cuenta con 125 mil firmas que solicitan que se restablezca la señal desde el exterior.
«Los venezolanos requieren información confiable que no reciben de los canales oficiales. DIRECTV controlaba 44,12% del mercado de TV paga en Venezuela. Creemos que es 100% técnica y jurídicamente posible, y además no podría ser bloqueada en Venezuela si la señal es enviada desde el exterior», dijo Diamanti.
Añaden que el servicio contribuye a evitar la propagación del COVID-19 pues a través de él los venezolanos tienen la posibilidad de tener acceso a campañas de prevención y concientización.
«Con esto Venezuela ya ni siquiera se parece a Cuba, sino cada vez más se acerca a Corea del Norte, donde no es posible saber qué ocurre en el mundo», dijo Diamanti.
La organización no gubernamental que vela por el derecho a la libertad de expresión en Venezuela, indica que cerca de 10 millones de venezolanos se han visto afectados luego de que el pasado 19 de mayo quedaron «sin opciones de información, educación y entretenimiento».
El pasado miércoles, el fiscal general de la República, Tarek William Saab justificó el arresto de los directivos pues a su juicio, la empresa debió haber solicitado a Conatel la autorización para prescindir del uso del espectro radioeléctrico.
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