Lorena Rojas | LA PRENSA DE LARA.- La criminalización y represión por parte del Gobierno ha obligado a los venezolanos a reinventar una nueva forma de protesta que no ponga en peligro la vida o la libertad de sus protagonistas. De allí, que se ha vuelto común que la gente exprese su descontento o haga sus reclamos a través de redes sociales o en las manifestaciones silentes; es decir, a través de carteles pegados a las casas.
Y es que eso de tomar y cerrar las calles para exigir derechos y denunciar carencias sociales, laborales, estudiantiles y comunitarias quedó en el pasado, pues a los venezolanos les da miedo que equipos antimotín sean desplegados para dispersar la protesta que en ocasiones termina en detenciones o personas lastimadas con perdigones o gas lacrimógeno.
Pero la necesidad de expresar las carencias con las que viven y reclamar sus derechos es mucho más grande que la represión. De allí que en los estados Lara y Táchira se vean manifestaciones silentes o a través de redes sociales, pues según el balance del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, revela que en el primer semestre del 2021 se registraron 3.393 manifestaciones, de las cuales 59 personas fueron reprimidas, 1 asesinada, 25 detenidas y 7 heridas.
Lara lideró este balance con 283 manifestaciones. El dirigente social, Alcides Pérez, explica que el viraje en las protestas se ha hecho para cuidar a los protagonistas. «Le hemos dado un giro a las protestas, porque el Gobierno ha querido utilizar la fuerza con los piquetes antimotín y hay que tener cuidado porque tenemos personas mayores que no pueden correr si lanzan una bomba lacrimógena», dice, asegurando que han estado realizando pancartazos, asambleas y caminatas.
La politólogo, Marisol Bustamante, explica que tras las represiones se ha creado una mayor organización, conciencia y unión por parte de las comunidades para realizar una acción a la hora de presentar sus exigencias.
«Hay mayor conciencia y organización de los derechos sociales y humanos, la gente ha ido entendiendo que ante la necesidad es necesario que cada ciudadano asuma una responsabilidad política sobre el peso que tiene la presión social sobre una gestión», dice.
Pese a que los ciudadanos han optado por cambiar la manera de manifestar y seguir haciendo presión, muchas de estas exigencias no son escuchadas, haciendo que las denuncias queden sin respuestas, como es el caso de las protestas laborales las cuales lideraron el primer semestre, registrándose 1.177 en la que la principal exigencia fue la dolarización del salario y la dotación de insumos.
«El Gobierno está oídos sordos, no da respuesta a los problemas laborales y salariales de los trabajadores, lamentablemente el gobierno de Lara no ha dado respuesta a las múltiples carencias y necesidades que tienen sus trabajadores y que han sido reclamados», aseguró Omar Agüero, secretario ejecutivo de la Gobernación de Lara.
Entre los problemas que desatan las protestas, Agüero recordó que a 6.038 trabajadores del gremio de la salud no se les ha cancelado la normativa salarial firmada el 17 de junio. Tras esta falta de respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Trabajo y Ministerio Público las denuncias se han elevado a instancias internacionales, como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Otro factor que motivó al cambio de la protesta fue la «cacería» hacia los trabajadores que denuncian sus condiciones laborales. «Hay un estado de desmovilización de la clase trabajadora porque les han metido miedo, hay represión contra los trabajadores que han alzado la voz de protesta y el accionar inmediato es detenerlos y meterlos presos, han judicializado la protesta», señaló Orlando Chirinos, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria del Cemento.
En el caso de las protestas de los servicios públicos, de las cuales se han generado 1.018 a nivel nacional según el observatorio, Marisol Bustamante aseguró que las respuestas por parte de entes gubernamentales son muy reducidas. «Acciones inmediatas por las protestas han sido muy reducidas, tanto la alcaldía como la gobernación sólo han respondido con camiones cisternas en casos de exigencias de agua potable y esos camiones, de lógica no satisfacen la demanda total de los usuarios», destaca.
Son desplazadas
La sociólogo, Yonaide Sánchez, señala que desde el año 2020 la protesta social está tomando el lugar protagónico y que la protesta política ha sido desplazada por la falta de confianza que se tiene por aquellos que las convocan.
«La gente sigue dispuesta a denunciar y tratar de influir sobre todas aquellas carencias que los están afectando, la protesta social ha desplazado a la protesta política que se vieron en 2019», dijo, resaltando que la falta de agua potable y gas doméstico han sido dos de las razones que han motivado a los ciudadanos a denunciar de manera focalizada y a través de las redes sociales.