Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- El coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto, indicó que lo que ha ocurrido en materia de justicia y derechos humanos días previos a la visita del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a Venezuela y posterior a haber anunciado una investigación contra funcionarios venezolanos, ha sido un «maquillaje», porque en el caso de los privados de libertad siguen muriendo por el hacinamiento de los centros penitenciarios y los centros de reclusión policial, afirmando que se mantiene el retardo procesal.
«El 21 de junio, el presidente, Nicolás Maduro, creó la Comisión Especial para atender el retardo procesal en los centros de detención preventiva, según el anuncio los parlamentarios de la Asamblea Nacional tenían que atender este problema en 60 días, a la fecha siguen trabajando en este tema, apenas se atendió al 20% de la población carcelaria, se abrieron algunas investigaciones de algunos privados, algunos quedaron en libertad o fueron trasladados a otras cárceles», dijo.
Afirma que en Venezuela existe una población penitenciaria aproximada de 110 mil presos, de los cuales 65 mil están en centros policiales.
«Otros de los cambios que se dio previo a la visita del fiscal, es que la sede del Sebin, en El Helicoide, pasó a manos del Ministerio de Asuntos Penitenciario, pero los problemas de fondo no se han atacado, como el caso de las muertes de los privados de libertad por desnutrición, no recibir atención médica a tiempo, o las enfermedades derivadas por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran», comunicó.
Según registro de Una Ventana a la Libertad, el estado Lara es el que más presos muertos registra este año, estando bajo custodia del Estado. Han fallecido un total de 37, de los cuales 25 se encontraban en la cárcel de Fénix, en Uribana.
La principal causa de muerte son enfermedades, como insuficiencia respiratoria, desnutrición y tuberculosis. Las cárceles del país tienen problema de mantenimiento, la gran mayoría carece de agua, no hay atención médica a tiempo y el 95% de la alimentación de los privados depende de los familiares.