Extorsiones han desatado la toma de cuatro centros penitenciarios

Por años, los centros de reclusión se han convertido en el epicentro de un lucrativo negocio: las extorsiones, que han hecho que autoridades del Ministerio para el Servicio Penitenciario las «frenen» con requisas.

En noviembre se registraron al menos cuatro tomas a penales por parte de comisiones mixtas de la GNB, PNB, Dgcim y Sebin, la primera ocurrió en la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado Bolívar, la segunda se dio en El Rodeo en Miranda y las últimas dos fueron en la Comunidad Penitenciaria Fénix y Centro Penitenciario David Viloria, más conocido como «Uribana» en el estado Lara.

Este flagelo se ha arraigado en el sistema penitenciario generando un clima de terror que afecta a miles de familias. Una fuente policial indicó que en Lara reciben denuncias de al menos tres casos de extorsión al mes, y durante la investigación se percataron de que las llamadas extorsivas salen de los penales que se ubican al norte de Barquisimeto.

La fuente reveló que podrían haber más casos, pero no todas las víctimas deciden denunciar. Presuntamente, algunas personas son contactadas por estos delincuentes y pagan grandes sumas de dinero, mientras que otros deciden cambiar de número de teléfono.

Aunque hay denuncias sobre extorsiones carcelarias, en las que el delincuente exige una cantidad de dinero que es cobrada por otra persona, las fuentes policiales afirman que no todos los casos terminan con detenidos.

El funcionario consultado por LA PRENSA detalló que cuando la víctima recibe la llamada, el delincuente comienza a amenazarla con atentar contra su vida o la de alguien de su entorno para luego pedirle dinero.

Según los datos recopilados a través de las investigaciones, se ha descubierto que mayormente las llamadas provienen de las cárceles de Barquisimeto y El Dorado.

Al parecer, los casos de corrupción dentro de las prisiones han llevado a la implementación nuevamente de la operación Gran Cacique Guaicaipuro, la cual se expandió a ocho penales con régimen abierto en el año 2023.

Requisas por extorsiones han dejado el decomiso de armas y droga

Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario, informó el 5 de noviembre sobre la toma de la cárcel de El Dorado en la que se decomisaron armas de fuego, drogas y equipos de comunicación.

A través de sus redes sociales, García hizo un resumen del operativo en el que participaron más de 3 mil funcionarios, entre policías y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

«Estamos acompañados por un grupo de más de 3 mil funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han sido movidos a esta región del país, para dar un duro golpe a los grupos estructurados de delincuencia organizada que vienen de alguna manera articulándose para perturbar la paz, la tranquilidad y el sosiego del pueblo venezolano», dijo el Ministro.

Se supo que entre las evidencias decomisadas había dos fusiles, dos escopetas y armas automáticas, así como más de 400 teléfonos celulares, antenas de internet satelital, routers, bebidas alcohólicas y un alijo de drogas.

El sábado 23 de noviembre, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó sobre la presencia de funcionarios en El Rodeo. Explicó que el Ministerio para el Servicio Penitenciario suspendió las visitas de ese día «sin motivo aparente». También mencionaron que esta decisión es «una gran preocupación para ellos porque presumen que la presencia de al menos seis vehículos militares en las instalaciones se debe a supuestos traslados a otros recintos penitenciarios o una requisa».

Para Humberto Prado, director del OVP, es normal que se realice una requisa en las cárceles porque es una herramienta para prevenir la introducción de cosas ilícitas, pero es necesario contar con reglamentos para llevarlas a cabo.

«En Lara se movilizó a todo el personal de seguridad y ¿cuál fue el resultado? Hasta ahora no hay información. Esto sucede porque no hay un reglamento que establezca cómo deber ser el proceso de una requisa y que se respete el artículo 272 de la Ley para el Servicio Penitenciario», sostuvo Prado.

Prado señaló que por la falta de un reglamento sobre el registro y la inspección es lo que permite la corrupción dentro de las prisiones, ya sea por el ingreso de armas o por extorsiones.

El director del OVP explicó que en el caso de las requisas, los funcionarios revisan el preso, al familiar que ingresa a la visita y realizan inspecciones a los pabellones, pero se pregunta «¿quién revisa al custodio penitenciario y a la GNB?».

El abogado comentó que esto tiene interrogantes, que se debe analizar quién pasa los teléfonos, armas y drogas, sentencia que existe complicidad con la misma autoridad dentro del penal, por ser ellos quienes requisan lo que ingresa a los penales.

«La culpa siempre será de los presos, los trasladas a otros penales, pero no terminas de extirpar el cáncer, porque sigue estando allí el funcionario. No se investiga a quién se le pagó y cuánto», alegó Prado.

El OVP sostuvo que este tipo de operaciones sin resultados son «un show» y que sólo genera pánico entre familiares y hasta habitantes de zonas aledañas a los penales.

Madrugan a comunidad de Valles de Uribana

La madrugada de este viernes, más de uno «amaneció de golpe» en el sector Valles de Uribana, al norte de Barquisimeto.

Habitantes de la comunidad aseguraron que el sonido de helicópteros y carros los hizo salir de sus casas a ver qué estaba ocurriendo.

«Cuando escuché ese helicóptero me asusté, pensé que se iba a caer, luego vi el movimiento hacia el penal y supe que era algo que estaba pasando allí», sostuvo una vecina de la comunidad.

Eran las 6:00 de la mañana cuando los funcionarios ingresaron a «Uribana» y luego a Fénix. Se especula que el motivo que tenían eran hacer revisión exhaustiva en los penales.

La zona estuvo con gran movilización policial y militar desde muy temprano. La entrada al Internado Judicial, en el sector Valles de Uribana, se mantuvo con el paso restringido.

Funcionarios de la GNB y PNB con equipos antimontines aguardaban en la entrada del sector y chequeaban a cada vehículo que trataba de pasar.

El gran número de funcionarios desplegados en los penales de Uribana y Fénix mantuvo preocupados a los familiares de los privados de libertad, a quienes no los dejaron permanecer cerca del recinto y tampoco les brindaron información sobre lo que sucedió.

«Cuando me enteré de lo que estaba pasando vine de una vez. Aunque no se ha escuchado detonaciones, me da miedo que algo malo le vaya a pasar a mi hijo. Aquí lo que exigimos al Ministro es que comience a hacer un plan de abordaje para que saquen a esos muchachos que ya cumplieron la pena y todavía siguen tras las rejas», dijo un familiar.