Agencias | LA PRENSA de Lara.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió, el pasado 6 de febrero, otorgar medidas cautelares a favor de los privados de libertad del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas, en el estado Zulia.
Esta medida fue tomada luego de una solicitud realizada por la ONG Una Ventana a La Libertad (UVAL). La medida también incluye a los familiares de los reclusos y quienes trabajan en el retén, pues la CIDH considera que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
En la resolución 15-20 publicada por la instancia internacional, le exige al Estado venezolano que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarias; aplicar las normas internacionales para el tratamiento de privados de libertad; concierte las medidas a adoptarse con la representación de la medida cautelar; e informe sobre las medidas adoptadas tendentes a la investigación de los hechos alegados que dieron origen a la presente resolución, para así evitar su repetición.
La ONG exigió al Estado, representado por la Gobernación del estado Zulia, que cumpla la medidas cautelares otorgadas por la CIDH «e inicien las adecuaciones necesarias para que mejoren las condiciones tanto de quienes conviven dentro del centro de detención preventiva como de las comunidades que rodean al penal».
Además instó a que se inicie un plan para el desarme de los reclusos y la atención médica y despistaje de tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas tanto de los detenidos como de los custodios y funcionarios policiales.
Desde el 2006 la CIDH se ha pronunciado a favor y ha exigido la protección para los reos en cárceles venezolanas, entre ellas El Internado Judicial de Monagas, el Centro Penitenciario Yare I y II, el Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II y otros.
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