Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- En nueve meses, la Asamblea Nacional ha legislado y reformado 15 leyes para cambiar el Poder Judicial venezolano, pero abogados alertan que la población desconoce su contenido porque no fueron discutidas públicamente.
Estas leyes son: Reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra DD. HH.; Reforma de la Ley de Registros y Notarías; Reforma a la Ley sobre el Derecho de las Mujeres; Reforma de la Ley contra la Discriminación Racial; Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Publica; Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñ;as, Niñ;os y Adolescentes; Ley de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal; Reforma de Ley de la Función Policial; Ley de Transparencia; Reforma del Código de Justicia Militar; Reforma del Código Orgánico Procesal Penal; Reforma del Código Orgánico Penitenciario; Reforma de la Ley de Protección de Víctimas y Reforma de Ley de la Función de la Policía de Investigación.
Amado Carrillo, abogado y doctorante en derecho de la UCAB, indicó que el Parlamento y Ejecutivo nacional intentan dar la sensación que en Venezuela hay separación de poderes, pero en la práctica ahora hay mayor control político en el TSJ, que pasará a tener de 32 magistrados a 20. Donde el Parlamento, además será el que designe al director de la Escuela Nacional de la Magistratura y al Inspector General de Tribunales, que antes era competencia exclusiva del TSJ.
«Al haber menos magistrados se tomarán decisiones más rápido, pero también con menor discusión. Además se ha creado un Comité de Postulación para la elección de los 20 magistrados integrado por 11 diputados, y 10 representantes de la sociedad civil, todos adeptos al gobierno, manifestó.
La abogada, Crismary Álvarez, denunció que esta reforma deja de lado temas, como mejoras salariales a los trabajadores del sistema judicial para evitar la corrupción.
«Se han creado 31 leyes en pocos meses que no están siendo debatidas por la academia venezolana, los colegios de abogados que deben ser derogadas y debatidas públicamente», argumentó.
