Este 15 de febrero, se hizo público el Decreto N° 5.248, mediante el cual la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, establece la reorganización integral del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
La medida contempla la supresión y liquidación de siete fundaciones y órganos desconcentrados, cuyas funciones serán absorbidas por otros entes del Estado para, según el documento, «adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social».
La normativa ordena el cese de instituciones con trayectorias diversas, como la Fundación Propatria 2000 (activa desde el año 2000), la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) y la Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS), dedicada a la prevención del consumo de drogas desde 1986. Asimismo, se disuelven el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, entre otros organismos que centralizaban tareas de seguridad, infraestructura y programas sociales.
Redistribución de competencias y recursos de estas fundaciones
La reforma no implica la desaparición de los programas, sino su reubicación en la estructura ministerial. Por ejemplo, las funciones y el presupuesto de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz se transfieren al Ministerio para Relaciones Exteriores. En el caso de FUNDARIBAS, su gestión quedará bajo el control de la Fundación Misión Negra Hipólita.
Por otro lado, instituciones como Radio Miraflores y el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción pasarán a depender de los ministerios de Comunicación e Interior, Justicia y Paz, respectivamente.
Un punto clave del decreto es el destino de los fondos pendientes de ejecución. Los recursos de la OPPPE y Propatria 2000 serán transferidos a la empresa estatal Corporación Juntos Todo es Posible, S.A., la cual supervisará directamente la ejecución de las obras de infraestructura y proyectos especiales que anteriormente manejaban estas fundaciones. El resto de los recursos presupuestarios de los entes suprimidos volverán al Despacho de la Presidencia para su nueva asignación.
Plazos y supervisión del proceso
El proceso de desmantelamiento no será inmediato; el decreto establece un lapso específico para la transición. Según el texto oficial: “El proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de noventa (90) días y quedará a cargo de una Junta Liquidadora”.
Esta junta estará compuesta por un presidente y seis miembros designados por el Ministro del Despacho de la Presidencia, quienes supervisarán que el cierre de los entes se realice conforme a los principios de «eficacia política y calidad revolucionaria».
Esta reestructuración se perfila como una de las más profundas de los últimos años, afectando directamente la gobernanza de programas estratégicos que, hasta la fecha, se regían bajo el control directo de la oficina presidencial.