Reuters | LA PRENSA.- Los opositores a Dilma Rousseff hicieron un llamado final el martes para que la presidenta sea removida del cargo, no solamente por la violación de leyes presupuestarias, sino también por el gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras y la profunda recesión en la que Brasil se hundió bajo su mandato.
Rousseff, suspendida en mayo a la espera del juicio político en el Senado, está acusada de usar dinero de bancos estatales para aumentar el gasto durante 2014. La mandataria dice que el dinero no tuvo impacto en los niveles generales de déficit y que fue devuelto por completo al año siguiente.
En su testimonio del lunes ante el Senado, Rousseff dijo que la oposición conservadora está usando cargos inventados para destituirla y retrotraer los avances sociales logrados en los últimos 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores en los que unos 30 millones de brasileños salieron de la pobreza.
Si el Senado condena a Rousseff y la remueve de su puesto en la votación del miércoles, el presidente interino Michel Temer continuaría oficialmente como líder de Brasil durante el resto del mandato, que se extiende hasta el 2018.
En un emotivo discurso, Rousseff, de 68 años, recordó el lunes la persecución de la que fue objeto durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
Pero la legisladora Janaina Paschoal, autora del pedido de juicio político contra Rousseff, dijo el martes al Senado al cerrar su exposición que el proceso no es solamente por «cuestiones contables» y se trata también del daño que el gobierno de la líder de izquierda la hizo al país.
«El mundo debe saber que no estamos votando únicamente sobre cuestiones contables», destacó.
Mientras no todos los senadores están de acuerdo sobre los méritos de la acusación contra Rousseff, muchos concuerdan en que no puede seguir gobernando al país.