En el marco de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, analizó el impacto dual de la Inteligencia Artificial (IA) en la sociedad contemporánea. Según el funcionario, aunque esta tecnología ya contribuye a la protección de los derechos fundamentales, su avance sin una vigilancia adecuada representa una amenaza directa para la privacidad, la estabilidad democrática y la equidad social.
Türk reconoció las capacidades benéficas de la IA, señalando que la herramienta «ya predice crisis y conflictos, impulsa el progreso en la sanidad y la educación y ayuda a resolver retos globales como la inseguridad alimentaria». No obstante, el alto comisionado de origen austríaco manifestó su profunda preocupación por la aplicación de estos sistemas en el ámbito de los conflictos armados y la ausencia de mecanismos claros de responsabilidad.


El poder corporativo y la propuesta de regulación de la ONU
Un punto central de la intervención fue la concentración del control tecnológico. Turk advirtió que la IA «está controlada por un puñado de empresas, dirigidas por multimillonarios que tienen un enorme poder sobre las fuerzas que remodelan las sociedades», una estructura que, a su juicio, puede acarrear consecuencias impredecibles. Bajo esta premisa, sostuvo que la tecnología está intrínsecamente vinculada a los derechos humanos debido a su relación directa con el ejercicio del poder.
Para mitigar los riesgos, el representante de la ONU propuso una hoja de ruta de dos ejes fundamentales. El primero consiste en democratizar la inversión en favor del interés común. Al respecto, el comisionado matizó que «los incentivos deberían recompensar a las empresas por ofrecer una IA que beneficie a las personas, en lugar de a los beneficios», sugiriendo un cambio de paradigma en el modelo de negocio de la industria tecnológica.


El segundo pilar de su propuesta se enfoca en el ciclo de vida de la tecnología. Türk subrayó que «los derechos humanos deben estar integrados en el diseño, desarrollo y despliegue de la IA», enfatizando que los Estados poseen la responsabilidad ineludible de regular la seguridad de estas innovaciones. Esta integración busca asegurar que los algoritmos no perpetúen sesgos ni vulneren libertades civiles desde su concepción.
Finalmente, el Alto Comisionado adelantó que en las próximas semanas se formalizará una Alianza Mundial por los Derechos Humanos. Según sus palabras, este organismo «representará a la mayoría silenciosa que lucha por un mundo más justo, pacífico y compasivo». Aunque no se profundizaron los detalles operativos de esta nueva entidad, se espera que funcione como un contrapeso institucional frente a los desafíos éticos de la era digital.


