Un juez federal ordenó este jueves al Gobierno de Trump detener a nivel nacional cualquier acción que ponga fin al estatus legal que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en instituciones educativas de Estados Unidos.
La medida provisional fue emitida por el juez federal Jeffrey White, del tribunal de distrito en San Francisco, representando un importante revés a los esfuerzos de la administración por afectar a los estudiantes internacionales en medio de su campaña de deportaciones, impulsada por el presidente Donald Trump.
Este caso se relaciona con una política amplia de la administración para modificar los registros estudiantiles conocidos como registros SEVIS de inmigrantes en Estados Unidos con visas de estudio, poniendo en riesgo su permanencia legal y posible deportación. Aunque en el mes pasado la administración había dado marcha atrás a esa iniciativa tras varias impugnaciones legales, White afirmó en su fallo que “no parece especulativo concluir que, sin una orden judicial, (la administración) cancelaría abruptamente los registros SEVIS sin previo aviso”.
La base de datos SEVIS, gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional, monitorea el estatus migratorio de los estudiantes internacionales y es utilizada por las universidades para mantener información sobre la inscripción de los alumnos. En abril, el Gobierno comenzó a cancelar los registros de miles de estudiantes internacionales.
White señaló que las acciones del gobierno “causaron daños no solo a los demandantes aquí presentes, sino también a otros no inmigrantes con visas F-1 en situaciones similares en todo Estados Unidos, y continúan haciéndolo”.
Este fallo, emitido por White quien fue designado por el expresidente George W. Bush, responde a varios casos presentados por estudiantes internacionales cuyos registros SEVIS fueron modificados de manera que, según ellos, hizo ilegal su permanencia en el país.
El juez afirmó que es probable que los estudiantes tengan éxito en su reclamación, ya que esas acciones violaron los procedimientos federales para la creación de normas, al ser “arbitrarias y caprichosas”.
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“Los demandados no sugieren que estas personas representen una amenaza inmediata para la seguridad ni que pongan en peligro la seguridad nacional”, escribió White. “Por el contrario, los demandantes han demostrado que probablemente los demandados excedieron su autoridad y actuaron de manera arbitraria y caprichosa en estos esfuerzos de aplicación, y que ‘el interés público se sirve cumpliendo con la Ley de Procedimiento Administrativo’”.
