Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este viernes 29 de agosto la suspensión temporal del intento del gobierno republicano de eliminar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600 mil venezolanos.
La decisión, que protege a los beneficiarios de la deportación, fue emitida de forma unánime por un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco.
Al justificar el fallo, la jueza Kim Wardlaw señaló que al promulgar el estatuto del TPS, «el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral». Además, destacó que los demandantes «han demostrado que enfrentan daños irreparables a sus vidas, familias y medios de vida», lo que sustenta la necesidad de mantener la protección mientras el caso continúa su curso legal.
Intentos para la eliminación del estatuto de protección para venezolanos
La iniciativa del gobierno de Trump de eliminar el TPS estaba prevista para el 7 de abril, pero a fines de marzo, el juez federal Edward Chen la suspendió temporalmente. En su momento, el magistrado indicó que la medida tenía «tintes racistas» y caracterizaba de forma errónea a los venezolanos como criminales.
Pocos días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, su predecesor, Joe Biden, había extendido el TPS para los venezolanos por 18 meses, alegando que el país vive una situación compleja.
El Estatuto de Protección Temporal es una medida humanitaria que Estados Unidos otorga a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a su país de origen de forma segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.
El gobierno de Trump recurrió en mayo a la Corte Suprema pidiéndole que anulara la orden del magistrado. Si bien el máximo tribunal no eliminó el TPS, concedió la solicitud de cancelar temporalmente la protección mientras el caso se litiga en los tribunales. Ahora se espera que el Ejecutivo apele la decisión del Noveno Circuito ante la Corte Suprema, un tribunal dominado por jueces nombrados por el actual presidente.