Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Familiares de jóvenes asesinados durante protestas políticas en Lara, en el año 2017, denunciaron a LA PRENSA que los expedientes de los casos se encuentran intactos, sin ser investigados por la Fiscalía y sin aplicar detenciones, a pesar de que se tienen identificados a los presuntos autores materiales de los crímenes.

Maritza Aponte y Alejandro Sosa son los padres de Manuel Sosa, de 37 años, que murió tras recibir un impacto de proyectil por, presuntamente, un militar de la Guardia Nacional Bolivariana el 26 de mayo de 2017 en la urbanización Valle Hondo.

«Hoy recordando tristemente la muerte de mi hijo, a quien lamentablemente no se ha hecho justicia, aún cuando se sabe cuál fue el guardia nacional, se sabe quien asesinó a mi hijo. Se sabe dónde está, en qué destacamento está trabajando y hasta ahora no se ha hecho nada», expresó Maritza entre lágrimas. Indicó que un mes después del asesinato de su hijo, al militar señalado como autor material lo ascendieron a capitán.

«La justicia no ha llegado en nuestro país, estamos todos los familiares de jóvenes que cayeron en los años 2017 y 2014 en protestas políticas, unidos; sólo el 10% de los casos han tenido algún tipo de sentencias de jueces, pero sus familiares piden que también se detenga a la cadena de mando», expresó Alejandro Sosa.

Rosángela Durán es hermana de Roberto Durán Ramírez, joven de 24 años que fue asesinado en la urbanización Terepaima, en la calle 30 con carrera 30, quien murió a causa de un disparo, presuntamente accionado por un GNB el 28 de junio de 2017.

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