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miércoles, 26 agosto 2026
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Nuevas regulaciones al delivery podrían elevar costos

Gremios empresariales de Lara advierten que las nuevas regulaciones del INTT para el servicio de delivery podrían incrementar los costos operativos y trasladarse al consumidor final.

  • La Cámara de Comercio de Lara y Capmil proponen implementar de forma gradual y consultada las recientes exigencias del INTT para los servicios de delivery.
  • Los representantes gremiales señalan que los nuevos requisitos de seguros y revisiones técnicas implicarán alzas en los costos que impactarán a los pequeños comercios.

Las recientes normativas orientadas a empresas de delivery y plataformas digitales pretenden reforzar la seguridad vial y regular los servicios de reparto, pero su aplicación genera preocupación entre comerciantes ante posibles alzas operativas que repercutirían en el consumidor final.

Simón Salas, presidente de la Cámara de Comercio en Lara, reconoció la urgencia de aplicar medidas preventivas viales, pero pidió que los cambios sean discutidos con los sectores involucrados antes de su aplicación.

El Ministerio de Interior y Justicia y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) establecieron las normativas para el servicio de delivery, entre ellas se incluye que deberán poseer el Registro Nacional del INTT y contar con una escuela de conductores que esté regulada por la institución, la cual deberá emitir un certificado de aptitud para la conducción comercial.

Según lo informado por el ente, las empresas también están obligadas a mantener vigente un seguro de responsabilidad civil y un seguro médico para el pasajero. Las unidades de traslado deberán ser sometidas a revisiones técnicas periódicas, realizadas por peritos autorizados por el INTT para tramitar la renovación anual de su permiso de operación.

Nuevas regulaciones al delivery podrían elevar costos

Mesas de diálogo son necesarias

«Todos estos cambios deberían hacerse primero consultados, tripartitos y por etapas. No de golpe», señaló Salas, quien planteó la creación de mesas de trabajo entre el Estado, las empresas digitales y los representantes del sector comercio.

Salas explicó que uno de los principales aspectos a considerar será el impacto económico de las nuevas exigencias. Entre ellas mencionó los seguros de responsabilidad civil y las coberturas relacionadas con las personas que, a su juicio, podrían incrementar los gastos de quienes prestan el servicio. «Eso, por supuesto, va a tener unos aumentos en los costos», comentó Salas.

El impacto podría sentirse con mayor fuerza en los pequeños comercios, especialmente en un escenario de bajas ventas. Para Salas algunos establecimientos tendrán que decidir entre absorber esos nuevos gastos o trasladarlos al precio final de los productos y servicios.

«Lamentablemente, va a ir trasladado al producto final porque el servicio de delivery es un servicio extra que las empresas tienen», dijo el representante de la Cámara de Comercio en la entidad larense.

Nuevas regulaciones al delivery podrían elevar costos

Delivery: un servicio esencial para el comercio y las familias

Aunque existen nuevas medidas, para Salas es poco probable que los comercios eliminen el delivery, debido a que este servicio pasó a convertirse en un elemento para la dinámica comercial. Recordó que después de la pandemia (año 2020), el delivery dejó de ser una opción para convertirse en una herramienta utilizada en diferentes establecimientos porque facilita las compras y ofrece rapidez a los clientes.

Salas señaló que el aumento de los costos también debe analizarse tomando en cuenta que el delivery representa una fuente de sustento para numerosas familias. Insistió en que las modificaciones deben implementarse progresivamente y acompañadas de un proceso de información y concientización.

Ana Montilla, presidenta de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos del estado Lara (Capmil), destacó que para asegurar que la implementación de la norma cumpla su objetivo sin menoscabar la actividad económica, debe aplicarse un esquema gradual que garantice el derecho al trabajo.

Detalló que se debe establecer un período de adaptación e instalación gradual que permita a los repartidores regularizar su documentación y trámites sin paralizar sus ingresos ni vulnerar sus libertades económicas, que el despliegue de las autoridades se ejecute con un enfoque educativo y proteger la operatividad de los microempresarios, comercios al detal y firmas online.

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