José Miguel Najul | LA PRENSA.- La confabulación de poderes del Estado, que se están alineando en función de una postura partidista, en lugar de escuchar el clamor de cambio y democracia del pueblo venezolano, están optando por tratar de abolir los mecanismos constitucionales, con tal de aferrarse a las estructuras de poder.
Lo sentencia el diputado al parlamento nacional por el circuito 3 del estado Lara, Teodoro Campos, quien asegura que estas conductas antidemocráticas protagonizadas por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son faltas graves que pueden ser sancionadas “luego de la reinstitucionalización de los poderes públicos”.
Campos, vicepresidente de la subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, señala que el parlamento “no puede rebajarse al nivel violento del Gobierno”, sino que, por el contrario, debe mantenerse por la senda pacífica, democrática y constitucional.
Sin embargo, revela que se han tomado decisiones contundentes que han hecho tambalear el apoyo financiero internacional del chavismo. Entre ellas, el aviso a los organismos y Estados de todo el mundo de la ruptura del hilo constitucional, evitando que el Gobierno pueda seguir financiando sus políticas a costa del incremento de la deuda externa.
Campos se sabe amenazado, por el propio Tribunal Supremo, de quien se dice que cocina una sentencia para allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados, pero, aún así, está dispuesto a llegar hasta el final con sus denuncias.
¿Por qué dice que el Gobierno trata de abolir la Carta Magna?
-Porque el Gobierno nacional, a través de decisiones y posturas anticonstitucionales, quiere anular de facto los poderes. Y eso ocurre sólo en Gobiernos donde no se respeta la Carta Magna.
¿Es la ley letra muerta?
-En este momento lo está siendo, porque están violando la Constitución. Y eso implica que estén incurriendo en faltas graves, en especial los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que han protagonizado los últimos hechos como los ejecutores de las decisiones jurídicas más recientes, entre ellas la de autorizar la presentación del presupuesto 2017 en el TSJ.
¿Y qué importa que cometan una falta grave?
-Una falta grave es cuando se comete una acción que posteriormente puede ser estudiada por el Consejo Moral Republicano. A través de esa instancia se determina la destitución y posibles sanciones para esos funcionarios.
¿En qué momento se sancionarían?
-Luego de la reinstitucionalización de los poderes.
¿Y mientras esperan eso, no cree que la AN ha sido muy endeble en sus posturas, como cuando, en lugar de denunciar al Gobierno como una dictadura, se limitan a pedir que se respete la Constitución a nivel internacional?
-No, para nada. Existe la ley, y las atribuciones constitucionales que tiene la Asamblea Nacional siguen vigentes. La AN no puede asumir la conducta violenta y anticonstitucional del Gobierno nacional, porque eso sería alimentar los elementos de conflictividad que, al final, terminan perjudicando a la población venezolana.
¿No le parece que la AN debe convocar más a la calle y a la beligerancia popular?
-Creo que la gente está enterada de lo que está ocurriendo. Siempre hay que mantener nuestros caminos democráticos y pacíficos.
¿Y no pueden ser pacíficos y en la calle?
-Sí, es válido, pero siempre que tengan la tendencia constitucional. Nosotros nunca hemos acompañado los llamados a desobediencia civil a irse a la calle y nunca regresar; por el contrario, hemos acompañado la protesta concreta.
¿Por qué no la desobediencia civil, que está en el artículo 350 de la Constitución, y que apoyan sectores de oposición como Vente Venezuela y Voluntad Popular?
-Creo que antes debe prevalecer el camino del diálogo, que es una vía que no se ha explorado suficientemente. Hay que reunirse más, debatir más sobre los problemas concretos, tanto políticos como sociales.
¿Dialogar con un Gobierno autoritario y rasgos dictatoriales, como usted mismo ha dicho?
-Dialogó Bolívar con Morillo, los liberales con los conservadores, las FARC con el Gobierno de Colombia. Creo que hay suficientes ejemplos de diálogos productivos y con acuerdos, incluso entre actores muy disímiles entre sí.
¿Pero le parece perjudicial denunciar una dictadura, como la califica la MUD, pero no el parlamento?
-Eso se ha hecho. A nivel internacional se ha denunciado. Hemos enviado comunicados a las embajadas de todos los países.
¿Ha tenido alguna repercusión práctica o es un hecho fútil?
-En lo concreto ha tenido enormes repercusiones. Los endeudamientos públicos con otras naciones se han reducido, porque los gobiernos de otros países reconocen que Venezuela no está cumpliendo las normativas. Un ejemplo, es el refinanciamiento de los bonos de Pdvsa, a pesar de que el Gobierno venezolano quiso poner condiciones tentadoras.
¿Y se debe a las denuncias de la AN?
-Claro, porque el resto de los gobiernos del mundo ya ven con aversión a un Gobierno venezolano alejado de la Constitución.
¿No queda el país paralizado, de aprobarse un presupuesto nacional fuera del seno parlamentario, con la ilegalidad que se puede proclamar luego para no cancelarle a quienes contratan con el Estado?
-Ese es precisamente uno de los grandes problemas. El escenario más viable del Gobierno es dialogar con la AN
Los casos de canibalismo y las epidemias de tuberculosis en los retenes, así como el fracaso de las OLP habían sido advertidos por los parlamentarios que componen la subcomisión de derechos humanos del parlamento. Sin embargo, por temor a que estos hechos resonaran en la opinión pública, evitaron tomar medidas.
Campos, experto en materia de seguridad, explica que ningún plan exclusivamente represivo resuelve los problemas, en su lugar, sólo los rozan superficialmente.
¿Cómo ven desde la comisión el brote de enfermedades, como tuberculosis en algunos penales de Venezuela y los casos de canibalismo?
– En el caso de Táchira, ya nosotros habíamos denunciado eso con un mes de anticipación. Se les dijo a los diputados (del PSUV) que eso estaba por ocurrir y el Gobierno no tomó los correctivos necesarios.
¿Por qué el Gobierno no tomó correctivos?
-Por temor a la opinión pública. Los privados estaban pidiendo la intermediación del ministerio, del gobernador y no fueron escuchados. Haberlos ignorado terminó en la terrible tragedia.
¿Las OLP funcionan o son un grupo de exterminio?
-Yo prefiero no emitir calificativos en ese sentido. Lo que puedo decir es que no son efectivos, porque deben estar acompañados de un trabajo de prevención y vigilancia continua, que es lo que no pasa.
¿A qué se refiere?
-Para decirlo con un ejemplo: uno de los actos más recientes de la OLP fue su intervención en el 23 de Enero, un barrio de Caracas. Fueron y mataron a 9 personas, y luego se retiraron hasta el año que viene.
¿Por qué eso no es funcional?
-Porque los delincuentes siguen haciendo lo que quieren. Si mataron, por ejemplo, a los jefes de tres bandas los que estaban en segundo puesto tomarán sus lugares.
Si hay estudios y líneas racionales de seguridad, ¿por qué el Gobierno no los cumple?
-No hay planes definidos por parte del Ministerio de Interior y Justicia. Y hay distracción de los órganos de seguridad que se usan para cuidar colas y otras prácticas que no son su labor primordial.