Luis Felipe Colmenárez | LA PRENSA DE LARA.- El estado Lara no pasó desapercibido en el informe que fue presentado este miércoles por la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y es que en el documento fueron citados distintos abusos por parte de cuerpos de seguridad del Estado en contra de la ciudadanía.
En el texto, se hizo mención al caso de José Enrique Ramos (29), quien fue ejecutado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) el 24 de enero de 2019 después de haber sido identificado como uno de los organizadores de una serie de protestas que se presentaron en el municipio Torres.
Todo comenzó cuando a través de Whatsapp comenzó a circular un audio donde se vinculaba al hombre en una supuesta conspiración que amenazaba a la alcaldía de Torres.
Tras lo ocurrido, una comisión de las FAES se presentó en la residencia de Ramos y comenzaron a golpearlo junto a sus familiares, entre ellos, sus padres, hermana y sobrinos.
A pesar de que Ramos aseguró en reiteradas oportunidades no haber tenido nada que ver con el material que circuló en las redes sociales, los uniformados procedieron a ejecutarlo dentro de su vivienda.
Otro hecho al cual se hizo referencia en el documento, fue la muerte de Luis Alejandro Pérez Lovera (28), quien vivía en la calle 15, cerca de la avenida Vargas de Barquisimeto.
De igual manera, hicieron mención del caso de un hombre -cuya identidad prefirieron proteger por respeto a familiares- que se encontraba en casa a su hermana cuando una comisión de las FAES se presentó en el lugar y sin mostrar una orden de allanamiento, ingresaron a la vivienda.
Ya dentro del hogar, los uniformados rodearon al sujeto, lo tiraron al suelo y se arrodillaron sobre él.
La hermana del hombre observó todo lo que los uniformados le hicieron, sin embargo, minutos después fue sacada de la vivienda y le informaron que su hermano era buscado por violación y robo de una motocicleta.
La dama comentó que sujeto fue asesinado en el porche de la casa y junto al cuerpo fue colocada una escopeta para sustentar la versión de un presunto enfrentamiento.
Al igual que en los casos anteriores, las autoridades no reportaron funcionarios heridos o fallecidos durante la operación.
La Misión intentó contactar testigos o fuentes de los medios de comunicación locales que confirmaran la versión de las autoridades pero no encontraron resultados.
Violación de DD.HH. en San Felipe
La Misión mencionó en el documento una situación irregular que se presentó en el estado Yaracuy el pasado 23 de enero de 2019, fecha en que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de Venezuela.
Comentan que en medio de la situación, las personas decidieron concentrarse en la plaza Franklin Sánchez, sin pensar que horas más tarde todo se saldría de control y la represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado pasaría a empañar la celebración de las personas.
Si bien algunos testigos reconocieron que hubo manifestantes que fueron violentos y causaron daños materiales, resaltan que las detenciones se realizaron de manera indiscriminada, y es que en total fueron 51 personas aprehendidas, entre las cuales había 19 adolescentes.
Los detenidos presentaban lesiones como moretones, mejillas hinchadas, labios rotos, cejas cortadas o heridas en la cabeza debido a las agresiones que recibieron.
Comentan que tanto adultos como niños permanecieron dos días detenidos y compartiendo una misma área. No tenían acceso al baño y hacían sus necesidades en botellas y bolsas plásticas.
Después de ocho días, los menores fueron puestos en libertad condicional y sujetos a medidas cautelares sustitutivas, entre ellas, una presentación mensual a las autoridades y a la obligación de asistir a un programa educativo de apoyo, destinado a reincidencias, junto a sus padres.
El resto de los adultos fueron liberados el 15 de febrero.