Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara.- Del 5 al 16 de junio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió seis sentencias que le dieron un viraje al destino electoral de Venezuela, según lo argumentan politólogos y exmagistrados, señalando que las decisiones dictadas para mantener el desacato de la Asamblea Nacional (AN), declarar la omisión legislativa, escoger y juramentar a los nuevos rectores del CNE, anular 12 artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) y atribuir al Poder Electoral su reforma, e intervenir judicialmente a los partidos Acción Democrática y Primero Justicia, representan una «estocada a la democracia», e incentivan la abstención en los próximos comicios parlamentarios.
«Estas decisiones son un derrumbe sobre la carretera de las soluciones por la vía pacífica a la crisis venezolana», así lo considera Ramón Guillermo Aveledo, abogado y exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática.
A su criterio desde el cinco de enero cuando se dio un asalto a la sede del Palacio Federal Legislativo impidiendo desde entonces el ingreso de Juan Guaidó y de los diputados opositores que respaldan la presidencia interina, creándose además una directiva paralela con disidentes, se trastocó la posibilidad de cualquier cambio en el país. «El Estado está controlado por un modelo monopolítico, sin que exista pluralidad», sentenció.
Esta falta de pluralidad se evidencia con más claridad desde el 12 de junio, según Jorge Rossel, exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, cuando el TSJ se encarga de designar y juramentar a los nuevos rectores del CNE, dando respuesta así a la solicitud hecha esa misma semana por Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento Al Socialismo, quien integra la mesa de diálogo que los partidos minoritarias de oposición mantienen con el gobierno desde septiembre 2019.
«Es una decisión írrita, sólo la AN con las dos terceras partes de los votos es la que puede elegir a autoridades del CNE. La LOPE establece muy claro los pasos que debe seguir el Comité de Postulaciones Electorales, que ya estaba constituido con diputados del chavismo, opositores que respaldan a Luis Parra y diputados demócratas, y en caso de que no los escogiera el parlamento, la Constitución establece que tenían que llamar a un referendo consultivo, para que fuera el pueblo quien eligiera a sus rectores», explicó el jurista.
Pese a eso, fueron designados Indira Alfonzo, como presidenta del CNE, que era magistrada en ejercicio presidiendo la Sala Electoral; Rafael Simón Jiménez, vicepresidente y exdirigente del MAS, Tania D’Amelio, ratificada como rectora principal; Gladys Gutiérrez, exmagistrada y ahora rectora principal, y José Luis Gutiérrez, dirigente de Acción Democrática y hermano de Bernabé Gutiérrez a quien la Sala Constitucional le entregó la tarjeta de AD, pasando por encima de Henry Ramos Allup, quien ostenta el cargo de secretario general del partido.
«Este entramado busca autocomplacencia, como si fuesen verdaderos demócratas. Escogen a un CNE vulnerando a la AN y pretenden hacer ver unas elecciones legítimas, disfrazando su legalidad», dijo Nicmer Evans, politólogo. Estima que con un CNE «parcializado» en las parlamentarias que deben realizar este año habrá un 80% de abstención ciudadana.
«La gente no va ir a votar porque la población tiene principios democráticos, si se va a sufragar se beneficia a la tiranía porque quienes apoyan las elecciones, los de la «mesita» no son oposición, respaldan al gobierno. Es una trampa cazabobos con la que el madurismo ganaría con más del 50% de los votos, esa es la lógica», comunicó.
El doctor en Ciencia Política José Vicente Carrasquero, sostiene que cada una de las acciones que ha dictaminado el TSJ, sólo sumergen al país en más crisis. «Maduro busca forzar procesos electorales que venderá a sus aliados internacionales, que en términos generales son países no democráticos, como si se hicieran elecciones con garantías, con una oposición liderada por Henri Falcón, Claudio Fermín y Timoteo Zambrano que sólo sigue un libreto», expresó.
Argumenta que la violación a la constitución es tal, que ahora el gobierno pretende «criminalizar», a quienes desconozcan esas elecciones. «Se atreven a amenazar a quien promueva la abstención, cuando la decisión de votar no es obligatorio, según establece la carta magna», comunicó.
Síguenos en nuestras redes sociales como @laprensalara. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.