viernes, 22 noviembre 2024
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Centros de salud pública con 92,5% de ambulancias inoperativas

Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Los traslados desde centros asistenciales públicos son dolores de cabeza para familiares de pacientes, ante el 92,5 % en déficit de ambulancias en Lara. Una condición resumida en apenas 9 unidades para la región, de las cuales un par depende del apoyo de entes como Bomberos o Protección Civil. Una deuda denunciada por el gremio y sindicatos que debería superar las 84 unidades, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al reiterar que se necesita de una ambulancia por cada 25 mil habitantes. Pero las fallas desde escasez de combustible o repuestos sencillos, como sustitución de cauchos y otras han sentenciado a ese abandono en talleres durante meses y hasta años, mientras familiares deben recurrir a vehículos particulares o gastar más de $ 50 en traslados del servicio privado.

El tema termina viéndose en la cotidianidad de la mayoría de los centros asistenciales, por lo que Alberto Domínguez, presidente del sindicato del Seguro Social, se hizo eco de la denuncia en colectivo que grita con más fuerza desde los municipios foráneos, cuya distancia puede estar desde áreas montañosas y con urgencias referidas al hospital más cercano o de acuerdo a la gravedad, directamente al Hospital Central Antonio María Pineda en Barquisimeto. EL lamento une a los residentes urbanos, a quienes también les toca resolver pidiendo la colaboración a vecinos o haciendo el esfuerzo por las ambulancias de redes privadas.

Es un recorrido que empieza por Iribarren, que siendo capital y el municipio más poblado requiere de al menos 63 unidades, por acercarse a 1 millón 500 mil habitantes. Pero empezando por el principal centro asistencial que desde hace varios años se quedó en nulo, al igual que el pediátrico Agustín Zubillaga, Luis Gómez López y el seguro Pastor Oropeza. Mientras el Centro Ambulatorio Rafael Vicente Andrade, en Barrio Unión, hospital Juan Daza Pereira y La Carucieña, tienen una ambulancia cada uno.

«En un mes de abordaje se tiene una realidad que lleva varios años y con la posibilidad que varias puedan ser recuperadas», señala al considerar que la directiva consiga apoyo de otras instancias, como soporte del sector privado y permanente con los vendedores de repuestos. De allí, que a más del 90 % de inoperatividad llama a la intervención de la Contraloría del Estado y Defensoría del Pueblo para una profunda auditoría, en procura del rescate de esas unidades perdidas entre el polvo de estacionamientos de centros o talleres sin la esperanza de ponerlas al ruedo.

Al descuido

LA PRENSA buscó la explicación de la autoridad regional de Salud, pero el doctor Javier Cabrera se mantuvo en reunión. El gremio médico ya había denunciado desde diciembre de 2020 que se estaba en 80 % de déficit y que se supera en la actualidad por la falta de disposición gubernamental. «El sistema público de salud tradicional es la Cenicienta, porque lo único que se ha fortalecido durante la pandemia por covid 19 es la atención para centros de diagnóstico integral (CDI) y centinelas», lamentó René Rivas, presidente de Colegio de Médicos de Lara.

Recordó que se acabó con el aproximado de 50 unidades de la red prehospitalaria de ambulancias «Rapel», que aún sin tener la cobertura total tenía un gran impacto y agilizaba con el sistema de comunicación. Todo desde un concepto clínico que agilizaba el traslado e ingreso del paciente, mientras actualmente el apoyo desde Bomberos o Protección Civil no garantizan una disponibilidad inmediata.

Ilustra con la vivencia diaria de los familiares de pacientes del Hospital Central Antonio María Pineda, que aún siendo un centro receptor, al recibir referidos de otros hospitales, requiere de ambulancia por no garantizar los estudios y demás exámenes. El paciente debe acudir a centros privados para exámenes especializados y hasta rayos X. Dicha situación desespera a la familia porque se trata de un gasto extra, superior a los $ 50 por el servicio más cercano y hasta superar los $ 200 en aquellas unidades para pacientes críticos.

Un viacrucis grave generalizado en los municipios, con un sinsabor de angustia y desesperación ante esas emergencias de tiempo limitado.

Es resolver y ganar tiempo

Cuando se profundiza en esos momentos que toca ganar tiempo, cualquier vehículo de transporte es viable. Tal como lo confirma Andrés Eloy González, dirigente de Humocaro Bajo, al señalar que cada minuto de espera puede ser de pérdida en la vida del paciente. Las motos son las más recurrentes y hasta vehículos rústicos, cuando hay una embarazada a punto de parir o alguna persona desangrándose por politraumatismos por un accidente de tránsito.

Pocos tienen la oportunidad de ser previsivos, tal como lo menciona Meri González desde Carora, al citar casos de mujeres casi a término del embarazo y que al sentir las primeras contracciones se dirigen hacia el Hospital Central de Barquisimeto en unidades del transporte público desde Quíbor.

Salidas provisionales que tienen riesgos para el paciente y hasta complicaciones, al comprometer la movilidad en condiciones no aptas, pero forzadas para tener la atención especializada en hospitales centrales con más especialistas.

Afecta la escasez de combustible

Sólo con tener una emergencia se dispara la angustia y se incrementa cuando se trata de niños. Pasó con dos casos que tuvieron más desesperación por la falta de combustible y que ameritaba el traslado inmediato al hospital pediátrico Agustín Zubillaga desde los municipios Torres y Jiménez.

La primera semana de junio de 2021 ocurrió con un niño de 12 años, quien cayó de un segundo piso y requería la atención especializada. El paciente sufrió traumatismo en el cráneo y extremidades. En el hospital Pastor Oropeza de Carora estaba la ambulancia, pero sin combustible. Varias personas tuvieron que colaborar con litros de gasolina y poder trasladarlo al pediátrico en Barquisimeto.

«Fue un desespero al ver ese niño en esas condiciones y que se podía complicar a más espera», señaló Meri González, dirigente caroreña, al lamentar estos episodios que puedan evitarse.

Pero el caso más extremo lo denuncia el concejal Víctor Escobar, desde Quíbor, con la presunta muerte de una niña de 4 años en marzo de 2021 por falta de traslado. «Murió por problemas gastrointestinales y en ese momento la única ambulancia no contaba con gasolina», rezonga y advierte que se puede repetir este tipo de situaciones por la falta de combustible en el municipio Jiménez y que de 4 estaciones de servicio, ya 2 estarán como Premium. «No hay casi gasolina subsidiada, porque llega muy esporádico», recalcó.

René Rivas, presidente de Colegio de Médicos de Lara, confirma que esta falla es más evidente en los municipios foráneos. «El gobierno no se adolece de esta problemática y termina siendo como un gran mercado para pocos», se refiere al privilegio de algunos y hasta el irrespeto de estas unidades como grupo priorizado para surtir.

Un suplicio para todos que reporta desde Los Humocaros hasta casi 10 días de espera, tal como lo señala el dirigente Andrés Eloy González. «Esto es una trifulca terrible», exclama y señala que hubo un caso de un señor con fractura en su brazo y sólo le dispensaron 3 litros de gasolina para una moto.

Sin ambulancias y las contadas operativas con trabas de gasolina, se compromete la vida de los pacientes.

 

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