- La dificultad para esclarecer los casos de intoxicación se debe a la ausencia de pruebas que permitan pasar de la sospecha a la confirmación.
Cada caso de intoxicación en los centros educativos deja más dudas que certezas. En estados como Lara, Portuguesa, Cojedes, Monagas, Apure, Trujillo, Táchira y Barinas se han reportado estudiantes, docentes y personal administrativo con síntomas de mareos, vómitos y convulsiones; sin embargo, las autoridades mantienen un total hermetismo sobre las causas.
Desde 2024 van más de 30 episodios de este tipo en el país. Aunque en su momento anunciaron investigaciones, tomaron muestras y hasta hubo detenidos, los resultados de los análisis químicos nunca se hicieron públicos. Ese silencio deja a los representantes con gran incertidumbre.
Para José Trujillo, médico toxicólogo y expresidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, la coincidencia en los síntomas presentados en cada afectado, según el seguimiento clínico que le han hecho, presenta una dificultad para establecer qué podría estar pasando con las intoxicaciones en el país.
El doctor aclaró que esa dificultad se debe precisamente a la ausencia de pruebas que permitan pasar de la sospecha a la confirmación.
«Hay características muy importantes en todas las intoxicaciones, como pérdida de conocimiento, dolores abdominales, cólicos, visión borrosa, sudoración, convulsiones y alteraciones visuales o auditivas. Cuando cuadras todos estos síntomas, tienen las características de ser inhibidores de la colinesterasa, entre ellos los organofosforados», sostuvo el médico.
Los organofosforados son sustancias químicas utilizadas principalmente en pesticidas, insecticidas agrícolas y productos de fumigación intensiva que, a juicio del especialista, al ingresar al cuerpo provoca una sobrestimulación del sistema nervioso que desencadena los síntomas, que en su mayoría han presentado los estudiantes y docentes.
El doctor dijo que una de las hipótesis apunta a los procedimientos de saneamiento ambiental que se aplican en los planteles escolares. Explicó que no necesariamente se trata de que una sustancia haya sido colocada directamente en los alimentos.
Detalló que una limpieza o fumigación podría contaminar utensilios o superficies utilizados para preparar comida, por lo que los alimentos actuarían como vehículo de exposición.
Pero Trujillo afirmó que la evaluación clínica no basta para identificar las causas y alertó que existen obstáculos para confirmar estos diagnósticos, debido al bloqueo de pruebas toxicológicas y al hermetismo institucional.
«Todo lo conseguido es por clínica, no lo puedo sustentar (por laboratorio), porque de ninguna manera han permitido sustentarlo. Las intoxicaciones se han mantenido con una discreción, tanto por parte del Estado como por parte de los afectados, a quienes les han dicho que no digan nada», dijo Trujillo.
De retos a fumigaciones
Las múltiples hipótesis que desde hace dos años se han dicho a nivel nacional acerca de las causas van desde retos virales, fumigaciones hasta fuga de gases químicos.
Una de las primeras explicaciones que tomó fuerza fue la de los retos difundidos por redes sociales. En noviembre de 2024, las autoridades relacionaron cinco episodios registrados en Barinas, Portuguesa y Miranda con el llamado chroming, que consistía en inhalar sustancias químicas presentes en productos como aerosoles, pinturas o insecticidas. En uno de esos casos, registrado en Barinas, 94 personas resultaron afectadas.
Sin embargo, en otras zonas hubo otras hipótesis, como los productos utilizados para limpiar o fumigar los planteles. En Monagas, tres instituciones de la parroquia Boquerón, del municipio Maturín, registraron episodios durante junio, luego de jornadas de fumigación en la zona.
La misma hipótesis resurgió en Lara. En febrero, una intoxicación en el Liceo Juan Antonio Rodríguez Domínguez de Aguada Grande (Urdaneta), fue atribuida por personal del plantel a una fumigación realizada en un CDI cercano. En marzo, una nueva emergencia afectó a estudiantes de la misma institución y las autoridades del estado y de seguridad anunciaron la recolección de muestras para determinar qué sustancia pudo haber provocado los síntomas.
Pero el caso en esta institución no terminó allí, el 28 de octubre, otros 29 estudiantes del mismo liceo requirieron atención médica y representó el cuarto episodio registrado en la institución desde enero.
Lo ocurrido volvió a colocar bajo cuestionamiento las condiciones del plantel y la falta de una explicación sobre los casos anteriores. Los padres y representantes exigieron a las autoridades que dieran «la cara» y dijeran, de una vez por todas, lo que está ocurriendo.
Ese día, de los 29 alumnos intoxicados, sólo dos fueron atendidos por médicos particulares, mientras que el resto recibió atención en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y en el ambulatorio de Urdaneta. Luego 18 de los estudiantes fueron dados de alta, pero dos de ellos estuvieron bajo estricta vigilancia por las secuelas de la intoxicación anterior.
Mientras tanto, en el municipio Morán de Lara, la incertidumbre rodea la intoxicación que afectó a más de 70 personas en el Complejo Educativo José Nicolás Silva Castillo, en Goajirita. El hecho, ocurrido en septiembre, ha generado descontento entre representantes y docentes, quienes denunciaron hermetismo por parte de las autoridades.
El equipo de LA PRENSA pudo conocer que entre las posibilidades de lo ocurrido podría estar el uso de productos químicos almacenados en el laboratorio, sustancias de un invernadero cercano o una fumigación realizada meses antes.
El incidente afectó a más de 50 estudiantes, 11 docentes, seis trabajadores —entre obreros y madres cocineras— y otras cinco personas. Presentaron mareos y vómitos, malestar general, dolor de cabeza y descompensación.
Tras conocerse el caso, comisiones de cuerpos de seguridad e inteligencia, de epidemiología y de instancias de protección a niños, niñas y adolescentes se trasladaron hasta el sitio para conocer a detalles.
Laura Igarra, presidente del Colegio de Licenciados en Lara, cuestionó la ausencia de información. Aseguró que no existe una respuesta oficial sobre los casos y consideró que los directivos de las instituciones deben exigir investigaciones que permitan saber qué ocurrió, para prevenir nuevos casos.
Igarra advirtió sobre el riesgo de que las distintas versiones terminen desviando la atención del problema principal. A su juicio, si los episodios se repiten y no se conocen los resultados de las investigaciones, los estudiantes continúan en riesgo.
Agua y saneamiento
Ante estos recurrentes episodios, el doctor Ruy Medina, exdirector de salud en Lara, incorporó otra posibilidad y es que tengan relación con las condiciones en las que se almacena y manipula el agua y los alimentos en los planteles.
Medina advirtió sobre el riesgo de mantener agua durante varios días en tanques sin una limpieza adecuada. Señaló que estos recipientes pueden quedar expuestos a suciedad, residuos y otros contaminantes y que el riesgo aumenta cuando esa agua se utiliza para preparar bebidas o alimentos sin un tratamiento adecuado.
También apuntó hacia la manipulación de los alimentos. La limpieza insuficiente de frutas y verduras, la presencia de residuos de productos utilizados en la agricultura y las condiciones de higiene de quienes preparan las comidas son factores que, a su juicio, deben considerarse cuando aparecen cuadros gastrointestinales.
En el caso de Lara, las autoridades no han dado información oficial. A mediados de octubre, Mirna Víes, directora del Centro de Desarrollo Para la Calidad Educativa, comentó que no había causa aparente que se pudiera decir que determine estos desmayos.
Fuentes ligadas al Cicpc detallaron que en todos los casos se tomaron muestras para la determinación de sustancias químicas que sean tóxicas.
Tarazona: las aulas son escenarios vulnerables
A nivel nacional, los casos más recientes tampoco han despejado el panorama de qué puede estar ocurriendo. En octubre, 68 personas resultaron afectadas en una escuela del estado Táchira, mientras que el 30 de octubre se reportaron nuevos episodios en instituciones de Barinas y Trujillo que dejaron más de 70 estudiantes afectados.
El caso más reciente ocurrió este 4 de noviembre, 13 personas resultaron afectadas por una presunta intoxicación con una sustancia desconocida en el Liceo Bolivariano Petra de Bruguera, ubicado en el sector La Florida del municipio Tinaco, en el estado Cojedes.
De manera inmediata, las comisiones evacuaron las instalaciones del plantel. El desalojo resguardó a una población total de 631 personas, entre estudiantes, docentes, personal obrero, administrativo y de cocina.
La ONG FundaRedes alertó sobre la escalada de intoxicaciones masivas registradas en instituciones educativas de los estados Táchira, Trujillo y Barinas, al tiempo que solicitó la mediación e intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ante la inacción de las autoridades.
A través de un mensaje en redes sociales, Javier Tarazona, presidente de la organización de derechos humanos, denunció la recurrencia de estos eventos de salud provocados por la aspiración de sustancias desconocidas dentro de los planteles escolares.
Tarazona también criticó la opacidad institucional, el manejo reservado de la información por parte de los organismos estatales y la falta de pronunciamientos oficiales que aclaren lo sucedido o brinden respuesta a las emergencias médicas. Según advirtió el activista, la ausencia de medidas preventivas y explicaciones claras ha convertido a las aulas de clases en «escenarios de vulnerabilidad» que ponen en riesgo la integridad de los estudiantes.
A su vez, el coordinador general de la organización de derechos humanos Cecodap, Carlos Trapani, instó al Estado a desarrollar una investigación objetiva, imparcial y despolitizada tras las intoxicaciones masivas.
El caso encendió las alarmas de la sociedad civil, debido a la recurrencia de este tipo de episodios en planteles del país y la precaria disponibilidad de insumos hospitalarios en la red pública de salud para atender la contingencia sanitaria.
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