- Las ocupaciones ilegales no son el único interés ambiental en Terepaima. También la tala de árboles y las quemas para despejar terrenos destinados a cultivos, denunciados por habitantes y organizaciones ambientalistas en los últimos años.
La expansión de las actividades agrícolas dentro del Parque Nacional Terepaima vuelve a poner bajo la lupa la ocupación de esta área protegida.
Recientemente, autoridades ambientales demolieron un campamento clandestino detectado en el sector Loma Redonda, entre los municipios Palavecino y Simón Planas.
Una comisión integrada por funcionarios del Instituto Nacional de Parques (Inparques), el Ministerio para el Ecosocialismo, la Coordinación Estadal de Guardería Ambiental, la Policía del estado Lara y el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Palavecino se trasladó hasta la zona porque sabían que en ese punto había actividad agrícola.
Los funcionarios inspeccionaron el campamento y de inmediato dieron la orden de demolerlo. Según lo reportado por Inparques, amenazaba al ecosistema.

Lievano León, gerente general de Inparques en Lara, sostuvo que con la intervención en esta zona lograron entregar citaciones a cuatro personas, presuntamente, son las encargadas de los campamentos.
León explicó que durante estos meses han logrado contabilizar al menos 113 ocupaciones, todas vinculadas a labores de campo, de esa cifra 87 están dentro del parque y 26 fuera de sus límites.
Principalmente, las actividades a las que se dedican estas personas es a la siembra de café; de hecho, durante el procedimiento los funcionarios mostraron algunas matas que estaban sembradas en esta reserva natural.
En el procedimiento, los funcionarios incautaron dos desmalezadoras, un hacha y un machete liniero. En las ocupaciones ilegales que han detectado los organismos ambientales hay estructuras utilizadas por grupos familiares para vivir.
Preocupación
Las ocupaciones ilegales no son el único interés ambiental en Terepaima. También la tala de árboles y las quemas para despejar terrenos destinados a cultivos, denunciados por habitantes y organizaciones ambientalistas en los últimos años.

En mayo de 2020, pobladores de Agua Viva y ecologistas alertaron sobre incendios provocados para abrir espacios de siembra de caraotas y maíz.
Las llamas afectaron la vegetación, fuentes de agua y comunidades cercanas.
Año tras año, los ecologistas han estado alertando lo que allí ocurre. Justo en abril de 2026, advirtieron sobre el avance de la siembra de café a plena exposición solar, una práctica que requiere retirar parte de la cobertura vegetal y que ha sido señalada como una amenaza para los bosques y las fuentes hídricas.
También se han reportado denuncias sobre extracción de arena y arcilla, actividades ganaderas y afectaciones a humedales y fauna silvestre. A finales de octubre, en Lara se llevó a cabo el Estado Mayor Ecosocialista y las autoridades gubernamentales reconocieron que durante 2026 se han procesado más de 300 denuncias por delitos ambientales, algunas con detenciones y sanciones administrativas contra personas señaladas de ocasionar daños en zonas protegidas.
Se conoció que los operativos de fiscalización se concentran en los municipios Iribarren, Torres y Andrés Eloy Blanco.
Además, en la reunión con las autoridades judiciales y de seguridad resaltaron que lo que buscan es frenar prácticas como la tala ilegal, las quemas y la extracción no autorizada de recursos naturales.
Las autoridades mencionaron el caso del páramo Santa Lucía, en los límites de las parroquias Aguedo Felipe Alvarado y Tamaca, del municipio Iribarren, habitantes denuncian que árboles y vegetación son destruidos para preparar el terreno para la siembra de piña, una práctica que según especialistas requiere de la quema de la cobertura vegetal.
Esta practica también afecta al parque Nacional Yacambú, ambientalistas dicen que la tala y queman han despojado de su hogar a aves como el conoto, el querrequerre, la guacharaca, entre otras especies.
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